Las empresas de inserción deberán reinvertir el 80% de su beneficio

El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes al proyecto de ley de Empresas de Inserción, cuyo objetivo es regular e impulsar este tipo de sociedades, que dedican parte de sus puestos de trabajo a contratar a excluidos sociales, a quienes imparten formación hasta conseguir su acceso al empleo ordinario,

El texto establece que las empresas de reinserción deberán destinar al menos el 80% de sus beneficios a la mejora de sus estructuras productivas. También deberán estar participadas por entidades promotoras, al menos, en un 51% del capital social y mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. En España hay 165 empresas que emplean a 3.500 trabajadores en riesgo de exclusión social (discapacitados, adolescentes en centros de menores, antiguos presidiarios o alcohólicos, entre otros). El colectivo al que va dirigido es mayor, en torno a 100.000, si se computan los individuos que cobran una renta mínima de inserción, según destacó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.