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Auditoría

CiU promete a los auditores que buscará consenso político para reformar la ley

Una delegación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) se reunió ayer con el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados Josep Antoni Duran i Lleida para debatir sobre la proposición de ley que ha presentado el grupo catalán con la intención de abordar la reforma parcial de la Ley de Auditoría.

La modificación de la norma se centra en lograr una mayor seguridad jurídica para los profesionales y las empresas auditadas, la necesidad de transponer una directiva comunitaria sobre la materia, aclarar las normas de independencia que afectan a los auditores y establecer un sistema de responsabilidad proporcional al daño causado y no ilimitado como hasta ahora. Los representantes del ICJCE, encabezados por su presidente Rafael Cámara y los vicepresidentes Mario Alonso y José María Fernández Ulloa, pidieron consenso político para sacar la ley adelante antes de que acabe la legislatura.

En este sentido, Duran i Lleida manifestó su compromiso para tratar de buscar el consenso de todos los grupos parlamentarios con la intención de que esta iniciativa pueda tramitarse con urgencia y pueda aprobarse antes de que acabe la actual legislatura. 'Si hay voluntad política, tiempo hay', afirmó.

Rafael Cámara señaló que la proposición de ley de CiU 'es una oportunidad histórica para que la regulación de la auditoría española se modernice', ya que la actual ley tiene casi 20 años.

El Instituto cree que la proposición de ley de CiU refleja a la perfección las demandas más urgentes de la profesión. Entre ellas destaca la necesidad de reforzar la independencia y el establecimiento de un nuevo régimen sancionador 'contundente y exigente, pero no confiscatorio, porque el actual llega a poner en riesgo la propia existencia de la sociedad auditora con una sola sanción', argumentan los auditores. La proposición de CiU también aboga por la modificación del sistema de responsabilidad para pasar de ser ilimitada a ser proporcional con el daño causado. 'Hay que limitarla porque no se puede responsabilizar a los auditores de lo suyo y de lo del cliente' señaló Duran i Lleida.

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