UE

Bruselas aprueba la reforma del sector de frutas y hortalizas

El Consejo de Agricultura y Pesca llegó hoy a un acuerdo político, por unanimidad, para reformar el sector de frutas y hortalizas que contempla un periodo de transición antes de que se eliminen completamente las ayudas a la transformación de cuatro años para el tomate y de cinco para el resto de cultivos.

La reforma plantea que las actuales ayudas que se daban a las producciones de frutas y verduras destinadas a industria se conviertan en un pago por hectárea o superficie, independiente del volumen cosechado, que beneficiará tanto a cultivos para venta en fresco como para los que vayan a ser transformados.

Cuatro años para el tomate y cinco para el resto de cultivos

El acuerdo establece que los países puedan elegir un "período transitorio" antes de que las ayudas sean totalmente otorgadas por superficie y el cien por cien independientes de la cosecha y durante ese plazo podrán mantener vínculos de las primas a contratos o a la producción. En el caso del tomate se permite mantener el 50% de la ayuda ligada a la producción hasta el 31 de diciembre de 2011.

Para los cultivos frutales, como los cítricos, el período de transición será de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2012: hasta el 31 de diciembre de 2010 se podrá mantener ligada a la producción el 100% de la ayuda pero después y hasta 2013 un máximo del 75% de la prima.

Los países tendrán libertad para, si deciden acogerse al período de transición, elegir los sectores y repartir las ayudas ligadas a la producción dentro de los límites acordados hoy. El acuerdo permite a España dar una ayuda estatal de 15 millones de euros para los productores de tomate destinado a industria en la campaña 2007-2008.

Uno de cada tres agricultores españoles, afectado

Además, recoge medidas para gestión de crisis, que realizarán las organizaciones de productores (OP), con un 50% de financiación de la UE y el límite llegará al 4,6% de la facturación de estas entidades (frente al 4,1% que actualmente hay para cualquier inversión).

El acuerdo prevé mecanismos para que en ciertos casos se beneficien agricultores que no estén integrados en OP, pero bajo ciertas condiciones. En este sentido, los países de la UE apoyaron la posibilidad de dar ayudas estatales, hasta cierto límite y durante un máximo a tres años, para paliar las crisis, pero con condiciones diferentes para los productores individuales que para los que están en OP.

El pacto recoge una petición española por la que en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) la CE estudiará el establecimiento de un sistema de prevención y aseguramiento contra crisis. España es el primer productor hortofrutícola de la UE, con 14.000 millones de euros anuales de facturación; la reforma afecta a uno de cada tres agricultores españoles.