Hacienda negocia con PP y CiU crear un seguro de vivienda-pensión
Los responsables económicos del PP y CiU, Miguel Arias Cañete y Josep Sánchez Llibre, negociarán con el Ministerio de Economía numerosas enmiendas a la Ley Hipotecaria, entre ellas las que dejan exentas del impuesto de actos jurídicos documentados las cancelaciones, subrogaciones y novaciones de hipotecas. PP y CiU también introducen en sus iniciativas la modalidad de un seguro conocido como la 'vivienda-pensión'.
Tanto el PP como CiU ya han trasladado al secretario de Estado de Economía, David Vegara, su disponibilidad a pactar este proyecto de ley antes de que se inicie su debate parlamentario en ponencia en fecha todavía pendiente de fijar. En las enmiendas registradas por ambas formaciones en el Congreso se hace hincapié en dos asuntos: la recuperación de los beneficios fiscales que el borrador de la reforma contenía para las cancelaciones, subrogaciones y novaciones de hipotecas y, por otro lado, la introducción de la figura de la llamada 'vivienda-pensión', similar a la hipoteca inversa, pero contratada con entidades aseguradoras.
A la vista del proyecto de ley llegado a la Cámara Baja, PP y CiU cuestionan que esta norma sirva para abaratar las hipotecas, ya que, si bien se rebajan los honorarios de notarios y registradores, también se dejan en suspenso las exenciones en el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) que el borrador de la reforma preveía para los casos de cancelaciones, renovaciones y subrogaciones hipotecarias. La conclusión que ambos grupos extraen de todo ello es que será más fácil cambiar de hipoteca, pero no necesariamente más barato. En algunos casos, el impuesto aplicable a estas operaciones puede superar el 1% del crédito, dependiendo de la ubicación de la vivienda y de las condiciones del contrato. Las principales beneficiarias del cobro de este tributo son las comunidades autónomas, al estar transferido.
PP y CiU, en conexión con la patronal del sector asegurador, aspiran a introducir en el proyecto de ley la figura de la 'vivienda-pensión'. Se trata de un contrato de seguro en virtud del cual el tomador transmite la titularidad de su vivienda a una entidad aseguradora a cambio de una renta vitalicia asegurada. En dicho contrato se podría pactar el derecho del transmitente al uso o usufructo o derecho de habitación de la misma hasta su muerte. El requisito consistiría en que el asegurado sea mayor de 65 años, dependiente severo o gran dependiente. La enmienda de CiU, pendiente de negociar con Economía, deja exentas del pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD las transmisiones de vivienda habitual motivadas por este tipo de contrato con las aseguradoras. Con el nuevo IRPF todos los rendimientos de los seguros tributan al tipo único del 18%. Los nacionalistas catalanes y el PP consideran que la llamada 'vivienda-pensión' es un producto que cumple con las misma finalidad sociales que la hipoteca inversa y responde al objetivo de ayudar a los mayores de 65 años o dependientes a aumentar su renta disponible mediante el uso de su vivienda habitual.
Mecanismos de reversión
El PP defiende que en este tipo de contratos con las empresas aseguradoras puedan fijarse mecanismos de reversión o fórmulas de contraseguro en caso de muerte, una vez que se constituya la renta vitalicia asegurada. En el supuesto de la hipoteca inversa, el PP negociará con el Grupo Socialista otra enmienda que establezca un plazo de dos años para que los herederos del fallecido puedan recuperar la vivienda hipotecada mediante la devolución de las cantidades abonadas al asegurado con sus correspondientes intereses.
Además, las enmiendas del PP y CiU inciden en la revisión del cálculo de los honorarios notariales en las escrituras de subrogación y cancelación de hipotecas para que guarden una equivalencia con las inscripciones registrales.
Gobierno y oposición aspiran a que la ley tenga permanencia
El Ministerio de Economía ha distribuido entre las distintas direcciones generales afectadas las enmiendas a la ley Hipotecaria presentadas por los grupos parlamentarios para estudiar el margen de negociación del que dispone el Grupo Socialista una vez que el proyecto se someta a debate en la ponencia y la comisión de Economía del Congreso.El propósito inicial del Gobierno es pactar con el PP el grueso de este proyecto de ley. El responsable de Economía de esta formación política, Miguel Arias Cañete, confirma su interés 'en que la nueva ley Hipotecaria tenga vocación de permanencia y ofrezca garantías jurídicas muy potentes a todas las partes afectadas'.El PSOE, el PP y CiU han tenido durante los últimos meses numerosos encuentros con los principales sectores afectados.De alcanzarse un acuerdo con el PP, objetivo en el que confía el PSOE, la última parte de la legislatura arrojaría un balance de bastante sintonía en el ámbito económico. A la ley Hipotecaria habría que sumar los pactos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en la nueva regulación de las opas, la reforma mercantil, la Ley de Defensa de la Competencia o la Ley de Dependencia.