Las autonomías reclaman mayor poder para supervisar a las rurales
Los responsables autonómicos de política financiera pretenden cambiar la ley que rige sobre las cooperativas de crédito con el objetivo de equiparar su tratamiento con el de las cajas de ahorros. Ahora, con una sola oficina fuera de su territorio, o incluso la mera voluntad de expandirse, las cajas rurales no pueden ser supervisadas por las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas quieren modificar la Ley de Cooperativas de Crédito para poder compartir con el Banco de España la capacidad de supervisión de estas entidades, equiparándolas al estatus de las cajas de ahorros. Los responsables de política financiera de las autonomías acordaron en la última reunión crear un grupo de trabajo para instar a los grupos políticos de las Cortes un cambio legislativo para que las cooperativas de crédito, en especial las cajas rurales, tengan un tratamiento similar al de las entidades de ahorro.
'Las cooperativas de crédito de ámbito suprautonómico eluden la supervisión de las autonomías con sólo tener una oficina fuera de su territorio natural o con el mero hecho de exponer en sus estatutos la voluntad de expandirse en el futuro fuera de su comunidad de creación, algo que no es lógico si se compara con la capacidad de supervisión compartida con el Banco de España que existe con las cajas de ahorros', explicó a Cinco Días Enrique Pérez Boada, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo público de la Generalitat, gobernada por el PP, que ejerce las funciones de control financiero.
La legislación actual apunta dos condiciones para que una comunidad autónoma, siempre que haya desarrollado su normativa propia, pueda ejercer la competencia de supervisión de una cooperativa de crédito. La primera, que comparte con las cajas de ahorros, es que la entidad tenga su sede social en la comunidad. La segunda, que la distingue, es que tenga limitada su actividad a esa comunidad. El objetivo, por tanto, es modificar este apartado de la legislación, lo que permitiría a los órganos públicos encargados de la política financiera de las autonomías, realizar una supervisión similar a las de las cajas.
En España existen 85 cooperativas de crédito, la mayor parte de ellas cajas rurales, aunque también las hay profesionales. Por autonomías, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentran la mayor parte de estas entidades, aunque las hay repartidas por todo el territorio. En muchos casos son pequeñas entidades que nacieron como secciones de crédito de cooperativas agrícolas.
La búsqueda por influir en los consejos de las entidades
La pretensión de las comunidades autónomas de equiparar la capacidad de supervisión a las cooperativas de crédito con la de las cajas de ahorros tiene un punto destacado: la posibilidad de influir en la gestión de los órganos de gobierno de estas entidades.El Banco de España, sin embargo, mantendría en exclusiva sus dos principales funciones de vigilancia sobre el conjunto de las entidades (la solvencia y la estabilidad financiera), como ha recordado la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el caso de la inspección a la Kutxa llevada a cabo por parte del gobierno autónomo.El resto de competencias, como las autorizaciones y registros -en los que tiene la última palabra el Ministerio de Economía-, transparencia y la defensa de los clientes pueden depender de los organismos regionales.