Los 'brokers' financieros podrán ser sancionados hasta con 600.000 euros
El Gobierno da el pistoletazo de salida a la futura ley que regulará la contratación de créditos y la reunificación de deudas. La nueva norma busca proteger a los consumidores y mejorar la información disponible sobre los productos que contratan. Las entidades prestamistas deberán incluir sus datos en un registro y contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, podrán enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros.
El Ejecutivo desea poner orden en un sector, hasta ahora, poco regulado: el de la concesión de préstamos y la reunificación de deudas. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto de ley que regulará este tipo de servicios. Con esta medida, busca someter a las entidades mediadoras a controles similares a los que afrontan bancos, cajas y cooperativas de crédito. Según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se desea 'evitar situaciones de indefensión' que padecían los usuarios.
En España operan hasta 8.000 intermediarios financieros aunque sólo 50 tienen un tamaño significativo. Su misión es asesorar a las personas interesadas en contratar un préstamo y, a través de economías de escala, ofrecerles unas condiciones de suscripción más ventajosas. Sin embargo, su actividad es también objeto de polémica. En ocasiones, estos corredores son poco transparentes e incurren en prácticas abusivas.
El texto preparado por los Ministerios de Sanidad y Consumo y Economía busca atajar estos males. La norma exige a las entidades informar con detalle y con 14 días de antelación al cliente sobre las condiciones del préstamo -sea este al consumo o hipotecario- o de los términos para la reunificación de sus deudas en un único crédito.
El usuario deberá recibir de su entidad el precio total que deberá pagar, con las comisiones, cargas y gastos que se le repercutirán y, en el caso de la agrupación de deudas, la tasa anual equivalente (TAE) del crédito resultante tras la operación.
Los agentes tendrán que disponer en sus páginas web, así como en sus locales comerciales, de un tablón con la relación de las tarifas y comisiones que cargan por sus servicios bien visible. Asimismo, los anuncios o folletos publicitarios que emitan deben ser suficientemente claros.
Para conocer qué instituciones desarrollan esta actividad, la ley contempla la creación de un registro nacional de intermediarios de crédito así como de otras instituciones similares a nivel autonómico. Los brokers dispondrán de un periodo de seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias. Su supervisión correrá a cargo de las agencias de consumo de cada región.
En caso de cometer alguna falta, los intermediarios podrán enfrentarse a multas de entre 15.000 y 600.000 euros e, incluso, ser amonestados de forma pública a través del diario oficial de la administración de turno.
Fuentes del Gobierno señalan que esperan que los trámites de consulta con las partes afectadas concluyan antes de julio, que el texto llegue al Congreso en septiembre y pueda ser aprobado durante el actual mandato.
Manuel Dafonte, socio fundador de Duck Fin, una de las firmas de referencia del sector, se muestra algo escéptico sobre la viabilidad del calendario. 'No creo que se pueda sacar la ley durante esta legislatura porque existen muchas iniciativas abiertas'. Sin embargo, valora de forma positiva la norma. 'Elimina la sensación de oscurantismo que tenía el gremio y facilita la contratación de créditos', afirma.
La Asociación Española de Banca (AEB) considera favorable la noticia y recuerda que a finales de 2006 solicitó que se impusiera a las refinanciadoras de deudas los mismos requisitos de transparencia que tienen las entidades de crédito. Organizaciones de usuarios como CECU y Facua mostraron ayer su apoyo a la medida.
Tres vías para solucionar los conflictos
En caso de diferencias entre el cliente y la entidad que otorga el crédito, el texto preparado por el Gobierno contempla tres vías para resolver el conflicto antes de llegar a los tribunales.Los dos primeros canales están abiertos para los consumidores que tratan directamente con una entidad financiera. Cada banco y caja dispone de un servicio de atención al cliente que atiende sus sugerencias, dudas y expresiones de disconformidad relativas al servicio recibido. En segundo lugar, está el servicio de reclamaciones del Banco de España. Este departamento se encarga de analizar las quejas de los clientes -bien de forma paralela o complementaria a las unidades de cada institución- y, si considera que el particular tienen razón, emite un expediente contra la entidad de turno.La novedad surge para quiénes que contratan un crédito a través de un intermediario financiero. A partir de ahora estos usuarios tendrán a su disposición las juntas de arbitraje de consumo dispuestas por cada comunidad autónoma o por el Instituto Nacional de Consumo para presentar sus quejas, hasta ahora desatendidas.Manuel Dafonte, de Duck Fin, opina que 'las reclamaciones que podrán llegar serán relativas a cobros indebidos de honorarios y poco más, porque el perjuicio financiero que se puede causar a un cliente es mínimo. A fin de cuentas, el dinero que se presta es de la entidad de crédito, no del consumidor'.Las relaciones entre los intermediarios financieros y la banca 'continuarán dependiendo de contratos mercantiles de colaboración. En esos casos, las diferencias entre las partes se tramitan a través de una denuncia en el juzgado', añade Dafonte.
Seguro obligatorio
El escrito preparado por Sanidad y Economía establece que 'las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán acreditar tener suscrito un seguro de responsabilidad civil'. De esta forma, indican desde el Gobierno, las compañías confirman estar en disposición de 'atender los perjuicios causados por el ejercicio de la concesión de créditos o de intermediación'. La amplitud de la cobertura de este seguro se desarrollará una vez aprobada la norma, a través de una orden ministerial.