La nueva Ley de Tangibles exigirá avalar lo ofrecido
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Regulación de los Bienes Tangibles. La norma tiene como objetivo evitar que se repitan casos como los protagonizados por Afinsa y Fórum. Entre otras disposiciones, la regulación establece la obligación para las empresas de suscribir un seguro de caución o aval que asegure al consumidor el importe garantizado o la revalorización ofrecida.
El Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero pretende que con esta nueva legislación se garantice la 'máxima información' a los consumidores en la contratación de este tipo de activos para asegurar la transparencia de los agentes que participan en el sector. Dentro de este tipo de bienes, el nuevo proyecto de ley ha incluido las obras de arte, los sellos, los árboles, las antigüedades y los animales.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó tras el Consejo de Ministros que 'los últimos acontecimientos derivados de la intervención judicial de algunas empresas del sector han evidenciado la necesidad de complementar esta regulación'. Y recordó que el Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2006 una moción en la que se instaba al Gobierno a completar el marco legal de bienes tangibles para mejorar la seguridad. Hasta ahora, la única regulación en este ámbito era la disposición adicional IV de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
La normativa impondrá la obligación de establecer la escritura pública de todos los contratos firmados con este tipo de empresas. Además, el proyecto de ley ha contemplado la inclusión de garantías adicionales para la recuperación del importe de revalorización que las entidades han ofrecido al cliente.
También ha fijado que las comunicaciones comerciales y la publicidad tendrán que hacer una mención expresa de que dichos bienes no tienen garantizado ningún valor de mercado y si hay o no un ofrecimiento de revalorización o bien una garantía de restitución.
En esta línea, establece la obligación para las empresas de suscribir un seguro de caución o aval bancario que asegure al consumidor el importe garantizado o la revalorización ofrecida. Esta garantía debe cubrir el importe comprometido durante la vida del contrato.
Asimismo, el proyecto ha ampliado la información precontractual que la firma de inversión debe facilitar al consumidor y ha establecido el carácter vinculante de la oferta durante al menos 15 días. En ese periodo de tiempo, el cliente podría desistir del contrato.
El nuevo texto aprobado por el Gobierno señala que la actividad de bienes tangibles no es de carácter financiero porque no hay captación de fondos reembolsables sino 'única y exclusivamente una compra de bienes y no una entrega de fondos en forma de depósito o actividad análoga'.
El incumplimiento de obligaciones se sancionará con la nulidad del contrato y la carga de la prueba recaerá sobre el empresario. La norma ha incluido un conjunto de infracciones y sanciones. Las comunidades autónomas, que han sido consultadas por el Gobierno, tendrán ahora la facultad de aprobar las normas de desarrollo y ejecución de la ley.
Créditos de hasta 3.000 euros para los afectados
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció también este viernes la concesión de 500 millones de euros en una línea de créditos sin intereses a cuenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados a los 400.000 afectados por las presuntas estafas de Fórum y Afinsa. La cantidad de estos anticipos será 'como máximo de 3.000 euros y no podrá superar el 15% del importe reconocido en el procedimiento concursal', según dijo De la Vega durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Con estas ayudas económicas el Gobierno ofrece 'la posibilidad de contribuir a superar, de manera transitoria, hasta tanto no finalice el procedimiento judicial, situaciones económicas difíciles', añadió. De la Vega apuntó que esta medida da cumplimiento a la moción que instaba al Gobierno a 'analizar la posibilidad de articular medidas que contribuyan a apoyar a los afectados y, en concreto, aquellas orientadas a conceder anticipos a cuenta de los reembolsos que en su día determinen la Administración de Justicia'.El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, calificó de 'insuficientes' los 500 millones establecidos, aunque aseguró que le parece 'bien' que el Gobierno empiece a rectificar respecto a los afectados de las presuntas estafas filatélicas. Para el próximo martes, los populares tienen previsto defender en el Congreso una moción en la que reclamarán, entre otras cosas, un fondo de compensación similar a los de otras entidades que gestionen inversiones, con el fin de resolver, 'aunque sea parcialmente, las situaciones patrimoniales de los afectados'.
Respaldo de los consumidores
El proyecto de ley sobre Bienes Tangibles aprobado por el Gobierno ha contado con el informe favorable del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). Su presidenta, Francisca Sauquillo, aseguró el viernes que el texto ha 'mejorado muchísimo' respecto al inicial y es 'muy garantista' para los consumidores. Sauquillo recordó que se han recogido muchas de las propuestas de mejora de la CCU. 'Lo que se pretende es que los consumidores refuercen su protección y haya mayor transparencia', resumió.