La administración electrónica tendrá 300 millones más hasta 2010
El Gobierno destinará 300 millones de euros suplementarios a la mejora de la administración electrónica central hasta 2010 con el fin de facilitar la aplicación del proyecto de ley que ayer fue dictaminado sin ningún voto en contra en la comisión de Administraciones Públicas del Congreso. A este presupuesto hay que sumar los 1.600 millones previstos cada año para la modernización de la Administración central en los Presupuestos Generales del Estado.
CiU, ERC y el BNG, entre otros grupos, exigían al Gobierno un fondo extraordinario para financiar la puesta en marcha de la administración electrónica en comunidades autónomas y ayuntamientos, pero estas enmiendas no fueron aprobadas.
El proyecto prevé una dotación de 13 millones de euros anuales para 2008 y una partida similar para 2009 destinada a las corporaciones locales con el fin de que puedan modernizar por vía telemática los servicios que prestan a los ciudadanos. Algunos grupos políticos ven esta dotación claramente insuficiente, pero el Gobierno no ha atendido sus requerimientos.
Ayer fueron incluidas en el trámite parlamentario varias enmiendas transaccionales negociadas por el PSOE con el PP, CiU, ERC, el PNV e IU, dentro de un clima de acuerdo que hizo que el dictamen del proyecto de ley fuera aprobado sin ningún voto en contra, pese a la abstención de los populares y los nacionalistas catalanes.
Una de las enmiendas que prosperó reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar los programas y el software que crean oportuno en sus trámites electrónicos con las diferentes administraciones. Cuando entre en vigor la ley, antes del verano, quedará pues establecido lo que la diputada socialista Elisenda Malaret llama el 'principio de neutralidad tecnológica' por el cual la administración no podrá utilizar en ningún caso sistemas que impidan al ciudadano relacionarse telemáticamente con ella.
Defensor del derecho ciudadano
Mediante una enmienda incorporada ayer al proyecto de Ley de la Administración Electrónica se crea la figura del Defensor del usuario, que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en esta norma. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Administraciones Públicas y elaborará todos los años un informe que contendrá el análisis de las quejas y sugerencias recibidas.Las comunidades podrán crear también sus defensores de los usuarios a partir de las competencias estatutarias.