Los patrimonios públicos de suelo serán regulados por las autonomías
CiU forzó ayer al PSOE en el Senado a introducir en el proyecto de Ley de Suelo una mención explícita a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en la regulación de los patrimonios públicos de suelo, que dejarán de estar sometidos de forma obligada a la legislación básica estatal.
Gracias a este acuerdo, alcanzado mediante una enmienda transaccional negociada por el PSOE y CiU, los nacionalistas catalanes levantaron el veto a este proyecto de ley, por lo que el PP es el único partido que queda al margen del acuerdo global sobre el mismo. Las siete comunidades autónomas que gobierna el PP han expresado ya su disposición favorable a recurrir ante el Tribunal Constitucional esta ley, aunque todavía la decisión no está tomada porque hay división de opiniones en la dirección del partido.
La regulación de los patrimonios públicos de suelo, sobre los que Andalucía y Cataluña ya tienen legislación propia en sus respectivos Estatutos, ha sido objeto de controversia entre el Gobierno y los grupos nacionalistas, pues el proyecto de ley remitido al Congreso, que modificó el texto refundido de 1992, tomó como referencia varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre competencias estatales. CiU e, incluso, el PP consideraron que el Gobierno fue demasiado lejos en la invasión de competencias autonómicas con el pretexto de evitar que los ayuntamientos destinen a usos que nada tienen que ver con la vivienda protegida o el interés social de estos patrimonios de suelo público.
El proyecto de ley de Suelo que se tramita en la Cámara Alta establece que las reservas públicas de terrenos deberán destinarse a la construcción de viviendas 'sujetas a algún régimen de protección pública', aunque también podrán utilizarse 'para otros usos de interés social'. Ayer, mediante la enmienda pactada con CiU, a la que se sumaron el resto de los grupos, salvo el PP, se hace constar que esta regulación tendrá en cuenta 'las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo que tengan atribuidas las comunidades autónomas'.
La Ley entrará en vigor a partir del 1 de julio, después, por tanto, de celebradas las elecciones municipales y de que se hayan constituido los nuevos gobiernos locales. A finales de este mes será debatida en el pleno del Senado y, con posterioridad, pasará el filtro definitivo en el Congreso.
Cesión de viviendas por tiempo limitado
El Senado incorporó ayer otra enmienda transaccional en la que se amplían los criterios de utilización del suelo de forma que los ayuntamientos podrán sacar al mercado viviendas en propiedad o en alquiler cediendo el derecho de superficie durante un tiempo determinado o mediante concesión administrativa. Esta previsión no estaba incluida en el proyecto de ley original remitido al Congreso.El PSOE introdujo también ayer otra enmienda que ayudará a extremar la protección de los espacios naturales. En su texto, se establece que sólo podrá alterarse la delimitación de los mismos cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, 'científicamente demostrada'. De cualquier modo, esta alteración de los terrenos deberá someterse a información pública.