El 'caso Malaya' enfila ya un macrojuicio con 94 imputados
La Operación Malaya, que destapó hace justo un año la mayor trama española de corrupción municipal, desmadeja en estos momentos los últimos coletazos de esta red de sobornos a cambio de favores urbanísticos que acabó con la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Los 94 detenidos hasta la fecha, cuatro de ellos todavía en prisión, se verán las caras cuando culmine un sumario que se encamina a un macrojuicio cuya complejidad preocupa a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes policiales no descartan crear piezas separadas para 'no caer en un macroprocedimiento que luego sea imposible de desarrollar durante el juicio'.
Prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio y blanqueo es la nómina de delitos que se le imputan a concejales, funcionarios, empresarios y abogados. Una treintena de los imputados ha pasado por la cárcel, aunque la mayoría de ellos ha logrado eludir la prisión mediante fianzas que suman en conjunto unos 6,5 millones de euros. Más de 30 de los detenidos son empresarios, acusados de abonar los sobornos a cambio de concesiones o licencias, mientras que el grueso de la corporación municipal encabezada por la alcaldesa Marisol Yagüe pasó también por prisión como destinatarios directos de las comisiones. Sólo permanecen en prisión preventiva por este caso el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex alcalde Julián Muñoz y los abogados Juan Germán Hoffman y Manuel Sánchez Zubizarreta, acusados de ser testaferros de Roca y responsables del entramado de empresas ideado para ocultar su multimillonario patrimonio.
En palabras del juez instructor, Miguel Ángel Torres, existía en Marbella 'una situación generalizada, extendida y prolongada en el tiempo de evidente corrupción política y económica vinculada al Ayuntamiento', lo que denomina 'una estructura criminal' que tiene el control político.
Los orígenes de esta operación que se ha desarrollado en tres fases son unas declaraciones del Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Jorge González, unidas a unas escuchas telefónicas relacionadas con la Operación Ballena Blanca de blanqueo de capitales. Pero la raíz de esta corrupción generalizada, que según el juez se convirtió en un modelo y llegó a atraer a distintas mafias, hay que buscarla en los gobiernos de Jesús Gil en Marbella que precedieron a los dos alcaldes con lo que ha saltado el escándalo: Muñoz y Yagüe. El fallecido Jesús Gil y Gil fue el fundador del Grupo Independiente Liberal (GIL) que gobernó Marbella desde 1991 hasta 2003, aunque algunos de sus integrantes siguieron después en el poder municipal hasta que fue disuelta la corporación local al destaparse la trama de corrupción.
La construcción, muy afectada
El juez Torres, con fama de discreto, meticuloso e implacable, ha manejado más de 20.000 escuchas telefónicas en una compleja investigación perfectamente coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, a través del fiscal de Málaga Juan Carlos López Caballero, y la Policía Nacional. El instructor, que todavía mantiene el secreto sobre una parte del sumario para preservar la investigación, es partidario de que los delitos de corrupción sean penados con el decomiso de los bienes.
Además de efectos políticos y judiciales, el terremoto del caso Marbella ha acarreado también consecuencias económicas que está pagando el sector promotor y constructor. Los empresarios denuncian que la operación y la nueva normativa urbanística que acaba de implantar Andalucía para luchar contra excesos inmobiliarios como el de Marbella han creado alarma y han paralizado la promoción de viviendas en buena parte de la Costa del Sol. Los promotores de Málaga añaden, además, que esta incertidumbre se remonta a 2003, cuando empezaron a paralizarse obras al ser derogado el plan general de 1998. Según sus datos, se pasó de 12.000 viviendas visadas al año a sólo 816 en el año 2005.
En cuanto a las empresas e instituciones directamente implicadas en la trama, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, ha desvelado que sólo en financiación bancaria podrían acumular créditos por valor de los 6.000 millones de euros.
El juez pone en cuestión el papel de la Junta
La lucha de la Junta de Andalucía por restablecer la legalidad en Marbella ha chocado con un durísimo auto del juez Torres que pone en cuestión su papel en este asunto. La Junta sostiene que su combate contra la corrupción en el municipio se remonta a 1991, cuando empezó a llevar a los tribunales todas las decisiones urbanísticas del ayuntamiento. Se trata de más de 400 impugnaciones, aunque los tribunales no empezaron a estimar las suspensiones cautelares que reclamaba hasta 2003. Como se acumulaban los requerimientos, un mes antes de estallar la Operación Malaya, el Ejecutivo de Manuel Chaves aprobó la retirada de las competencias urbanísticas de Marbella, una decisión muy criticada por invadir supuestamente la autonomía municipal.Más tarde, ya con la corporación encarcelada, fue el Gobierno central quien tomó cartas y disolvió el Ayuntamiento, por lo que la gestión quedó en manos de una gestora hasta las elecciones de mayo. La Junta ha estimado que hay 30.000 viviendas ilegales en Marbella y ha instado el derribo de unas 5.000. Pero toda esta política se ha visto ensombrecida por el auto que denegaba la pretensión de la Junta de personarse como perjudicada en el caso.Responsable civilSegún el juez, el papel de la Junta debe ser el de acusación popular, ya que 'en atención a sus amplias competencias su situación está más próxima al responsable civil'. Y añade que se 'aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas'. La Junta rechaza el argumento y asegura que hubiera incurrido en delito de no haber reconocido unas viviendas que según los tribunales eran legales.