Funespaña se sienta en el banquillo de los acusados
La primera funeraria privada española, Funespaña, arrastra desde hace 15 años un contencioso que drena, año tras año, su cotización y sus resultados.
La compra, a finales de 1992, del 49% de la funeraria pública de Madrid, Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, ha sido denunciada por Izquierda Unida. El partido político estima que en la operación hubo prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias. Funespaña compró entonces, siendo alcalde de Madrid Álvarez del Manzano (PP), la mitad de la funeraria pública, por 100 pesetas y asumiendo, recuerda un portavoz de la compañía, '15.000 millones de pesetas de deuda'.
'Es una falacia', dice un ex consejero de la funeraria madrileña. 'Funespaña era una empresa fantasma con sólo dos empleados y negocio en Almería. La funeraria madrileña se llevó a la quiebra con artificios contables; a los 20 días de venderse el Ayuntamiento cedió la gestión de la empresa a pesar de contar con el 51% del capital', asegura el ex directivo de la funeraria madrileña.
El 21 de mayo está previsto que se inicie el juicio por la funeraria de Madrid
Ejercicio tras ejercicio las auditorías de las cuentas de Funespaña hacen referencia al caso advirtiendo del posible impacto sobre el negocio de la empresa de dicho contencioso. Y año tras año el caso pasa por distintos tribunales. 'Es un escándalo que este caso tarde tanto en juzgarse', dice Inés Sabanés, candidata de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Izquierda Unida denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción que lo estudió hasta 1999 concluyendo que existían indicios de delitos suficientes; pero entre los imputados había varios aforados, por lo que el caso pasó al Tribunal de Justicia de Madrid. Este tribunal pospuso el juicio hasta pasadas las elecciones municipales de 2003. Entonces los imputados no eran ya aforados por lo que el caso pasó a la Audiencia Provincial.
Ahora, la Audiencia, según fuentes conocedoras del proceso, ha anunciado la apertura de juicio oral para el próximo 21 de mayo 'pero es posible que vuelva a retrasarse', añaden las fuentes consultadas.
En el banquillo de los acusados se sentarán políticos del Partido Popular y los principales directivos de Funespaña. Para los ex concejales Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno piden seis años de cárcel y el triple para José Ignacio Rodríguez, Juan Antonio Valdivia y Ángel Valdivia, presidente, vicepresidente y consejero delegado de Funespaña, respectivamente. Los delitos de los que se les acusan son de tipo fiscal, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Antes de que se inicie el juicio, Funespaña celebrará, el próximo 18 de abril, junta general extraordinaria de accionistas. Los directivos esperan ganar el respaldo de los accionistas para entrar en nuevos negocios.
Los beneficios de la compañía, inferiores a los comunicados
Funespaña señaló ayer a la CNMV que sus resultados correspondientes al año 2006 son inferiores a los comunicados anteriormente. La compañía informó el 23 de febrero que en ese periodo ganó un millón de euros; ayer aseguró que en realidad el beneficio fue de 37.000 euros. La diferencia se debe a que se ha incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias importes reclamados por el Ayuntamiento de Madrid a Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (participada en un 49% por Funespaña y en un 51% al Ayuntamiento de Madrid) por valor de 443.000 euros. El Ayuntamiento reclama el pago 'por la ejecución sustitutoria de obras realizadas en el Cementerio de La Almudena de Madrid'. Funespaña asegura en la nota enviada a la CNMV que dicha deuda debía haber prescrito 'dado que fue conocida por el Ayuntamiento de Madrid y pudo ser reclamada hace más de cuatro años'. Las auditorías de Funespaña han recogido año tras año numerosas salvedades apuntadas como incertidumbres sobre su negocio.