Los españoles reclaman cada vez más

Asesores jurídicos, entidades de arbitraje y asociaciones de consumidores aprovechan el tirón de los acuerdos extrajudiciales

Cuando hace unos años alguien amenazaba con poner un asunto en manos de sus abogados -en un plural que casi abarcaba todo un bufete- era tachado poco menos que de petulante o fanfarrón. Un informe de principios de década, firmado por el Consejo General de la Abogacía, desvelaba que el 80% de los españoles jamás había contratado los servicios de un letrado. Pero hoy, del dicho al hecho hay menos distancia y la gente parece quejarse menos de boquilla y reclamar más.

Según datos de la aseguradora Arag, el negocio del seguro jurídico creció un 19,7% en 2005 y se mantuvo en esas cotas en 2006; aumentan las demandas a través de las asociaciones de consumidores; la jurisdicción civil recibe cada año más casos, y avanzan los negocios del arbitraje y asesoría jurídica.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua), que ayer mismo denunciaba al operador de telefonía Yoigo por ofrecer tarifas que presuntamente no se pueden contratar, atendió el año pasado 50.000 consultas y reclamaciones, con un ascenso del 35% respecto a 2005. El caso Fórum-Afinsa hizo que el campo de las inversiones en bienes tangibles se llevara la palma por número de quejas, con el 52,7%. El resto tenía que ver con telecomunicaciones (11,6%), compra de viviendas (5,3%) y reparación de automóviles (4%), entre otros.

Reclamar sí, pero 'verse las caras en los tribunales' es otro cantar. El elemento de presión -a favor del ciudadano- en que se han convertido estas asociaciones de consumidores y las firmas de asesoría jurídica es suficiente como para evitar numerosos procedimientos administrativos. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, subraya que el 60% de las reclamaciones que tramita su colectivo se resuelven a través de un acuerdo negociado: 'Solemos tratar directamente con las empresas, acudir al arbitraje de consumo o a órganos de mediación'. Para Facua, 'la lentitud y la práctica imposibilidad de acudir a una justicia gratuita' hacen poco accesible presentarse ante un tribunal.

Prueba del momento boyante que viven los servicios jurídicos en España es la escalada que está experimentando un servicio de asesoría como el de Legalitas, que ofrece consejo por 88 euros al año. Comienza a operar con particulares en 2003, concluye 2004 con 40.000 abonados y su previsión para 2007 es alcanzar un mínimo de 225.000. 'Tramitamos 50.000 consultas jurídicas mensuales y sólo el 2% acaban en juicio. El consumidor ya no tiene la impresión de que acudir a un abogado es caro o sinónimo de llegar a un juzgado', según Fernando Montenegro, Director general de Legalitas.

Más trabajo para los jueces

Las empresas perciben que el espíritu de sus clientes es cada vez más crítico, pero eso no quiere decir, según las fuentes consultadas, que estén más abiertas a escuchar las demandas. 'Sectores como el eléctrico son meticulosos con el tratamiento de las quejas, pero otros como el de las telecomunicaciones no cuidan al cliente ni cuando amenaza con acciones legales', relata Rubén Sánchez. 'El particular suele chocar contra un muro de abogados cuando se enfrenta a una empresa', opina Mariano Rigau desde Arag, 'la reclamación es tenida en cuenta sólo si lleva el sello de un bufete'. En el caso de Arag los casos que atienden sus asesores jurídicos terminan en un 82 % de las veces en acuerdo extrajudicial.

Tanto desencuentro resuelto fuera de los juzgados no evita que se amontone el trabajo de los jueces. La última memoria del Consejo General del Poder Judicial, publicada en octubre de 2006, indica que la jurisdicción civil registró en 2005 una subida del 8,9% en el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales, hasta llegar a 1,3 millones. Al finalizar el ejercicio quedaban en trámite 804.882 asuntos.

Para Javier Íscar, el arbitraje soluciona la demora de la justicia ordinaria. Su opinión es parte implicada, como secretario general de la entidad de arbitraje Aede, pero ofrece un dato objetivo: 'Allí donde hay un contrato y ambas partes se han sometido al arbitraje, se resuelven las controversias en un máximo de seis meses. Es más rápido y barato que llevar el problema ante un juez'.

Vivir en comunidad suscita el mayor número de dudas jurídicas

Los problemas con los vecinos, las facturas de móviles y los contratos de trabajo se han convertido en los mayores quebraderos de cabeza de los españoles, según un informe de la firma especializada en seguros jurídicos Arag basado en el análisis de 40.000 reclamaciones.'Se ha dado un cambio de mentalidad en la sociedad española por el que los ciudadanos están pasando a la acción y reclaman el cumplimiento de sus derechos por la vía legal', asegura Mariano Rigau, director general de Arag.Los resultados del estudio arrojan un alto predominio de la vivienda como causa central de las consultas jurídicas de los clientes, con un 32,5%. Los enfrentamientos relacionados con consumo se alzan al segundo puesto, con un 13,6%; el trabajo es causa de pregunta a los abogados de Arag en el 11% de los casos, y otras preocupaciones relacionadas con el automóvil (9,3%), trámites administrativos (5,1%), derecho penal (4,9%) y familia y sucesiones (3,2%) quedan diluidas.En relación a la vivienda, las principales demandas atendidas por los profesionales tienen que ver con comunidades de vecinos y son Asturias, Cantabria y Galicia las comunidades autónomas que más conflictos legales registran.El alquiler, la reclamación de daños y los vicios de construcción son otras tres causas de desasosiego que afectan a los clientes de la aseguradora jurídica.