Comisión Europea

La polícia investiga a funcionarios de la UE por presunta corrupción

Los servicios policiales de Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia realizaron ayer una treintena de registros relacionados con una investigación abierta en Bélgica por un presunto fraude en diversas licitaciones públicas cometido por funcionarios europeos.

Fuentes policiales confirmaron que se llevaron a cabo registros en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, en la oficina de un asistente del Parlamento Europeo, distintas entidades financieras, empresas privadas y algunos domicilios particulares, según informó la agencia belga de noticias.

La Comisión Europea 'colabora plenamente' con las investigaciones, según aseguró su portavoz jefe, Johannes Laitenberger, quien evitó dar más detalles sobre el caso y remitió a los periodistas a las autoridades judiciales nacionales. La Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la UE, que dirige Franz-Hermann Brüner, confirmó que también participa en las pesquisas.

Los investigadores se incautaron de abundante documentación y algunas personas fueron interrogadas con el objeto de aportar más información a un caso que inició hace ya tres años la juez instructora bruselense Berta Bernardo Méndez.

Los trabajos llevados a cabo hasta ahora apuntan a la existencia de una supuesta trama de corrupción de funcionarios europeos, que habrían vulnerado la legislación en torno a licitaciones públicas.

Se les imputan los delitos de pertenencia a banda organizada, violación del secreto profesional, así como el de falsificación de documentos. Los registros fueron realizados en colaboración con los carabinieri italianos, la sección nacional para investigaciones financieras de la Policía francesa y responsables de la OLAF. La juez decretó secreto de sumario.

La investigación que instruye la juez Berta Bernardo Méndez parece estar centrándose en averiguar qué condiciones se imponían a las empresas que acudían a ciertas licitaciones. Según la escasa información que ha trascendido, algunos de los procesos investigados son los que se convocaron para la búsqueda de edificios que albergaran delegaciones de las instituciones europeas fuera de Bruselas, así como para contratar su seguridad. Los investigadores suponen que funcionarios y dirigentes de algunas empresas estaban implicados en un supuesto fraude por trato de favor.