La ventanilla única, clave en la 'e-administración'
Los expertos piden cooperación entre las Administraciones públicas para conseguir que el ciudadano resuelva sus trámites 'con un solo acto, esté donde esté'
Más de 165.000 ciudadanos de Gijón y de fuera de Gijón poseen ya una tarjeta, a la que se ha bautizado como tarjeta ciudadana, que les acredita, como único identificador, para recibir servicios del ayuntamiento de esta ciudad, desde los relacionados con el transporte público, a la solicitud de una bicicleta gratuita durante un tiempo o el acceso a bibliotecas, entre otros. Ahora el consistorio trabaja también en la idea de que el nuevo DNI digital funcione como una de estas tarjetas para que el ciudadano lleve a cabo trámites administrativos. 'Queremos que todos los ordenadores de nuestros funcionarios tengan un lector de DNI que permita identificar al ciudadano', explicó Senen Casal, coordinador del Ayuntamiento de Gijón, durante la mesa de las TIC organizada por Red.es, T-Systems y Cinco Días.
El encuentro, que en esta ocasión trato sobre el avance de la e-administración, tuvo lugar en Melilla. Y allí se vio cómo el ejemplo de Gijón no es un caso aislado. Municipios, comunidades autónomas y gobierno central están impulsando la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en su gestión interna y en el trato con sus ciudadanos.
El Consejero de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, explicó que uno de los retos de su proyecto de modernización es acercar la administración al ciudadano. Con este fin, han creado la oficina próxima móvil, que avanza por los barrios según un calendario fijado, y en unos días abrirán una oficina próxima de distrito, ubicada en una zona de la ciudad con núcleo de población importante. 'Se trata de dar al ciudadano todas las facilidades y evitarle desplazamientos, ya que en estas oficinas pueden realizar los mismos trámites administrativos que en la oficina central de atención al ciudadano que se encuentra en el centro de Melilla'.
Gonzalo Brun, de la FEMP, dijo que el reto es que 'todos' los municipios ofrezcan un paquete mínimo de servicios a través de las tecnologías
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por su parte, ha hecho un gran esfuerzo económico en este avance hacia la e-sociedad. Con una inversión de 54 millones de euros, este consistorio emprendió hace dos años un plan de modernización y calidad, que ha implicado toda una renovación tecnológica. 'Queremos una administración 24 horas abierta, 365 días al año', cuenta Pedro Álvarez, tercer Teniente Alcalde. El político destaca que desde el consistorio no sólo deben atender a sus 400.000 ciudadanos, sino a los seis millones de personas que visitan la isla cada año. 'Atendemos más de 12 millones de visitas anuales a nuestra página web; somos la tercera, tras Madrid y Barcelona. Tenemos cinco oficinas móviles que dan servicio allí donde no tenemos oficinas fijas de información y atención al ciudadano, y atienden en cuatro idiomas'. Este ayuntamiento también inauguró hace poco un contact center, igualmente operativo las 24 horas del día, los 365 días.
Según Álvarez, el objetivo es que el ciudadano no pierda el tiempo detrás de la administración sino que sea ésta quien le resuelva los problemas. 'Los ciudadanos son nuestros clientes, y nos piden responsabilidades; el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico, pero se están ofreciendo contraprestaciones que los ciudadanos están valorando, porque éstos a parte de interesarse por las obras, por la seguridad, por la iluminación... también valoran muchísimo la gestión, que cada día seamos más eficaces', subraya. Palma de Mallorca ha sido la primera administración en toda Europa que ha conseguido de una forma integral el certificado ISO 9000.
Pese a éstas y otras iniciativas en línea con el impulso de la sociedad de la información, los expertos reunidos en este encuentro alertaron sobre algunos aspectos críticos relacionados con la e-administración. Abdelmalik El Barkani y Pablo Martínez, consejero de Presidencia y director general de la Sociedad de la Información de Melilla, respectivamente, destacaron la necesidad de homogeneizar todos los proyectos que se están llevando a cabo en las distintas administraciones con el fin de lograr una interrelación entre ellas. 'De nada sirve que nosotros aquí y cada uno en su municipio o comunidad solucione sus problemas de interrelación con sus ciudadanos si después las propias administraciones no somos capaces de hacerlo entre nosotras. Debemos buscar estándares que lo permitan, hacer compatibles unos proyectos con otros para evitar muchos trámites a los habitantes'.
Martínez llamó la atención sobre dos aspectos: la confianza y la seguridad. 'Es algo sobre lo que debemos de incidir, porque hay que tener en cuenta que la firma digital, por ejemplo, es algo que ellos no tocan, y algo parecido pasa con el DNI electrónico'.
Otro tema crítico lo destacó Gonzalo Brun, director de coordinación técnico jurídica de la FEMP, quien advirtió que de los 8.100 municipios que hay en España, más de la mitad no llegan a 1.000 habitantes y 'existe riesgo de que se produzca una brecha digital entre los municipios pequeños y medianos y los grandes. Los primeros no disponen de los recursos económicos ni humanos para avanzar de igual forma que las grandes ciudades en sociedad de la información y, por tanto, es responsabilidad de las administraciones central y autonómicas el evitar que esa brecha se produzca'. Según este experto, si la Ley de Administración Electrónica entra en vigor y el derecho del ciudadano a relacionarse telemáticamente con la administración es con todas las administraciones, la Ley no distingue entre unas y otras, 'así que tendremos que hacer un esfuerzo para que eso no se produzca'.
Juan Manuel Zafra, director de comunicación de Red.es, subrayó, en este sentido, el papel de cohesión que juega el Plan Avanza, el programa del Gobierno para impulsar la sociedad de la información en España, entre las distintas administraciones y entre los distintos proyectos de e-sociedad, 'porque es fruto del consenso y se está ejecutando en plena colaboración con todas las Comunidades Autónomas y las administraciones locales'. Zafra añadió que Red.es está desarrollando proyectos plataforma, que lo que intentan es poner en común distintos proyectos de administración electrónica. 'No sólo es importante por el hecho de que los esfuerzos que se hacen desde distintas administraciones se compartan y robustezcan sino que así se evita que haya ciudadanos desplazados de la sociedad digital por el hecho de vivir en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento determinado'.
Paquete básico de servicios
Brun destacó que los principales retos son conseguir los instrumentos que permitan que todos los municipios puedan ofrecer a los ciudadanos un paquete mínimo de servicios a través de las nuevas tecnologías. Casal profundizó en la idea y aseguró que 'la sociedad del futuro apunta claramente a una sociedad competitiva entre ciudades; debemos pensar más en global para poder competir y atraer riqueza, pero para lograrlo, todos los ciudadanos tienen que ser capaces de formar parte de esta sociedad de la información'. El responsable del Ayuntamiento de Gijón añadió que hay que evitar las vías de exclusión, que son múltiples (geográficas, formativas y económicas) y que hay que poner en marcha proyectos de inclusión, que se apoyen en la cooperación entre administraciones, compartiendo experiencias, y no imponiendo un canal de relación con el ciudadano. 'Se habla de internet y de ordenadores, pero también están los teléfonos móviles o los cajeros automáticos en Gijón ya se pueden hacer múltiples trámites administrativos desde estas máquinas, dado que España es uno de los países que más ha desarrollado su uso, y creando centros que acerquen los servicios al ciudadano a un radio de diez minutos a pie u oficinas móviles'.
Por último, August Mabilon, director de Sector Público y Sanidad de T-Systems, insistió en que la sociedad de la información no es algo definido en un despacho y desplegado simplemente. 'Es algo que tiene que ver con que los ciudadanos perciban una calidad en los servicios que presta la Administración Pública'. Ese sentimiento pasaría por la simplificación, la colaboración y la interoperabilidad entre los departamentos locales, autonómicos y estatal.
Transparencia e implicación de los funcionarios
'El uso de las nuevas tecnologías supone una herramienta de control por parte de los ciudadanos', sostuvo José Juan Imbroda, director de administraciones públicas de Melilla, para quien la Administración es propiedad del administrado y éste debe saber en cada momento en qué situación se encuentra el expediente que esté tramitando. 'Tiene que haber transparencia', añadió. En este sentido, Marín destacó que con las nuevas tecnologías, también la Administración va a poder saber siempre cómo redistribuir sus recursos en función de las necesidades. 'Sabiendo al minuto en qué situación está un trámite y el tiempo que tarda en las distintas áreas, podremos determinar dónde están los cuellos de botella y tomar decisiones que se transformen en un mejor servicio y mayor satisfacción en la relación del ciudadano con la administración'.Pedro Álvarez destacó, por su parte, la necesidad de implicar a los funcionarios en esta transformación, 'porque si no, no lo conseguiremos'. Y reclamó la necesidad de buscar un partner que conozca las tecnologías y tenga experiencia en procesos de innovación, 'porque la administración por sí sola no puede hacer este cambio'. En un proceso de cambio como éste, hay que tener una visión lo más amplia posible, según comentó August Mabilon, de T-Systems, 'porque al final al ciudadano no le aporta valor que le digitalicemos trámites, que le ofrezcamos servicios online; lo que le aporta valor es que le simplifiquemos su interacción con la administración, que se la hagamos más próximas, más pro activa, más ágil. Y ese es el gran reto de la administración del siglo XXI'.