Tribunales

El Corte Inglés reúne a los grandes del derecho

Visto para sentencia'. Cuando la pasada semana la juez responsable del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, pronunciaba estas palabras en la causa que ha enfrentado a César Areces Fuentes (accionista minoritario de El Corte Inglés) con el mayor grupo español de grandes almacenes se ponía punto final a dos intensos días en los que un proceso ha reunido a lo más selecto de este sector.

Grandes nombres del derecho se han dado cita durante dos jornadas para exponer y tratar de convencer a la juez de los argumentos de una y otra parte: desde los equipos de abogados (Hernández Gil en representación de la compañía y Jiménez de Parga del demandante) hasta expertos, catedráticos y auditores.

Como colofón, el caso ha ido a parar a manos de Miriam Iglesias, conocida por una decisión tan trascendente como fue la adopción las medidas cautelares en la opa de Gas Natural sobre Endesa. Una juez que ingresó en la carrera judicial por oposición en 1988, y sobre la que se han escrito ya ríos de tinta desde su incorporación al juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid.

Durante los dos días de la vista oral, a su izquierda se sentó la defensa de El Corte Inglés, capitaneada por Antonio Hernández-Gil. Un apellido insigne. Su padre, catedrático de derecho mercantil, fue presidente de las Cortes y presidió el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo entre 1985 y 1990. También él, abogado en ejercicio desde 1974, es un reputado catedrático, en la actualidad de la UNED, y está especializado en derecho civil y mercantil y en arbitraje.

Hernández-Gil fue además uno de los integrantes de la comisión Aldama y en la actualidad es también consejero independiente de Repsol YPF, donde preside la comisión de nombramientos y retribuciones.

Al otro lado de la juez Iglesias durante el juicio se situó Andrés Jiménez de Parga, otro apellido reputado en el mundo del derecho. Hijo y sobrino de juristas (su tío Manuel ha presidido el Tribunal Constitucional), Andrés defendió durante el juicio a César Areces, acompañado de una de las socias del bufete, Alicia Herrador.

El juicio contó asimismo con las aportaciones del presidente de la Asociación de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) Leandro Cañibano, catedrático de economía financiera y contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Cañibano fue el encargado de elaborar un informe a petición de El Corte Inglés.

También participó en el juicio como perito designado por El Corte Inglés Cándido Paz-Ares, catedrático de derecho mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, socio del bufete Uría Menéndez y jurista imprescindible en el campo del buen gobierno. Paz-Ares ha participado en las tres comisiones que han existido sobre la materia (la Olivencia, la Aldama y el código Conthe).

Junto a Paz-Ares intervino como perito para los almacenes Alberto Alonso Ureba, socio de Ramón & Cajal y doctor en derecho por las Universidades de Bonn, Friburgo y Bruselas. Alonso Ureba es catedrático de derecho mercantil en la Rey Juan Carlos I de Madrid y, como Paz-Ares, miembro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.

Como peritos de los demandantes actuaron los profesores del IESE y expertos en valoración de empresas José Manuel Campa y Alberto Fernández. Ambos son expertos reconocidos y licenciados por la Universidad de Harvard y acudieron al juicio a exponer sus teorías a petición de los Areces Fuentes.

Además de los expertos, en el juicio declararon también los hermanos de César Areces Fuentes, María Jesús, Ramón y María del Rosario. Acudió asimismo un directivo de El Corte Inglés, Carlos Martínez Echevarría.

Un procedimiento 'objetivo' de valoración Interés en vender

El profesor Alberto Alonso Ureba, que defendió en el juicio la correcta actuación de los órganos de administración de El Corte Inglés, planteó una de las cuestiones básicas del proceso. 'Lo fundamental es que exista un procedimiento objetivo, imparcial, que permita al accionista obtener el valor patrimonial de sus acciones', señaló Alonso Ureba. Y precisamente es en la elección de ese procedimiento donde radica la disputa.

Los abogados de la parte demandante (César Areces) sostienen que esta facultad corresponde a la junta de accionistas y, por tanto, consideran que el consejo de administración se excedió en sus competencias al elegir a un experto independiente. Por su lado, El Corte Inglés considera que la junta delega esta facultad en el consejo y que, por tanto, la actuación fue conforme a los estatutos.

Entrando en los métodos de valoración usados por una y otra parte, la pugna se agudiza. El Corte Inglés considera que, para una empresa que no cotiza en Bolsa y con especificidades de organización y negocio, el método más objetivo es el del valor del activo neto, es decir, el patrimonio actual del grupo entre el número de acciones. æpermil;ste sería, a juicio de la empresa, el valor 'razonable' del grupo.

El equipo de César Areces considera que éste no refleja el valor de la compañía y se inclinan por usar otro método de valoración, el de los flujos monetarios esperados, haciendo estimaciones de su evolución futura.