Eléctricas

Industria decide esta semana sobre el voto de ACS en Iberdrola

Industria tiene de plazo hasta el día 25 para decidir si suspende cautelarmente la resolución de la CNE que otorga plenos derechos de voto a ACS para algunas cuestiones relevantes en la junta de Iberdrola, tal como le ha pedido la eléctrica. æpermil;sta quiere evitar que la constructora vote en la junta del día 29, en la que se aprueba la fusión con Scottish Power.

Semana clave para ACS. El Ministerio de Industria tiene de plazo hasta el día 25 para decidir si suspende cautelarmente el dictamen de la CNE, en el que el regulador energético otorgó derechos de voto en la junta de Iberdrola a la constructora que preside Florentino Pérez. Esta compañía, por ser propietaria a su vez de un 40% de Unión Fenosa, está afectada por una incompatibilidad legal que le impide ejercer el voto por encima del 3% en la junta de otro competidor y sentarse en su consejo (tal es el caso de Iberdrola, en la que tiene un 12,5% del capital).

El ministerio debe decidir esta semana si aplica o no una suspensión cautelar que ha pedido la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán a través de un recurso de alzada, en el que también exige un cambio profundo de la resolución del regulador energético. En el caso de la suspensión temporal, en tanto se dirime el fondo del asunto, el silencio administrativo de Industria sería afirmativo. Por su parte, para decidir sobre el dictamen, cuenta con tres meses de plazo.

En el ministerio que dirige Joan Clos (algo que se estableció durante el mandato de José Montilla), los recursos de alzada los tramita la subsecretaria, Teresa Gómez Condado. Fuentes del sector aseguran que ésta no parece estar muy de acuerdo con el dictamen de la CNE, que se ha apartado de la doctrina que había aplicado en casos precedentes, como el de La Caixa, que optó por ejercer todos los derechos políticos en Gas Natural frente a Endesa, o el del BBVA, que se quedó en el consejo de la propia Iberdrola y renunció al de Repsol.

IBERDROLA 11,47 1,55%
ACS 26,82 -1,00%

Precisamente, la eléctrica, que en sus alegaciones al expediente de la CNE pidió que no se le otorgara ningún derecho por encima del 3% a su primer accionista, ha solicitado ahora a Industria que se le apliquen los mismos criterios que la CNE aplicó a La Caixa y el BBVA. Esto es, que se le deje votar con plenos derechos 'la censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas y el destino de los resultados', porque son acuerdos 'que protegen la inversión del accionista', indica el recurso.

Junta decisiva

Iberdrola ha explicado con claridad que le urge el trámite de la suspensión temporal de los derechos de ACS para evitar que esta compañía vote el día 29 en una junta trascendental, en la que, además de la fusión con la escocesa, se someterá a aprobación una ampliación de capital de 20.000 millones y la ratificación y reelección de un buen número de consejeros, entre ellos Nicolás Osuna, que ha entrado en Iberdrola (con un 1,4%) para reforzar el frente que Galán está formando contra la constructora.

Según el dictamen de la CNE, ACS no puede votar las operaciones de concentración estratégicas de Iberdrola, salvo las que requieran autorización administrativa, que es el caso de la de Scottish Power.

Con todo, y pese a que esta operación fue cerrada por Galán a espaldas de ACS, la constructora siempre ha manifestado su decisión de apoyar la fusión en la junta, a pesar de que la ampliación de capital prevista diluye su participación en Iberdrola, del 12,4% a en torno el 9%.

La eléctrica dice que es un caso 'grave'

Iberdrola considera que la incompatibilidad de ACS en su junta es 'más grave' que la que sufrió en su día La Caixa en Endesa, o el BBVA en Repsol, por lo que pide al Ministerio de Industria que se aplique el mismo rasero a la constructora que a estas entidades. En su recurso de alzada, la eléctrica dice que la resolución de la CNE es dudosa porque fija una relación de cuestiones que ACS no puede votar con plenos derechos en su junta, pero no publica la lista exhaustiva de las materias que sí le están permitidas. En este sentido, dice que ella no está obligada a interpretar qué derechos tiene y cuáles no tiene ACS y subraya que 'se impone un riesgo que ni Iberdrola ni sus accionistas tienen el deber jurídico de soportar'. Por su parte, la CNE, que ha elaborado un informe preceptivo al ministerio sobre el recurso, dice que no hay ninguna ambigüedad y que los asuntos que no figuran en la lista de prohibidos, es que están permitidos. El regulador pide a Industria que rechace el recurso de alzada y la suspensión cautelar que pide Iberdrola.