Las regiones del PP proponen recurrir la Ley de Suelo
Las siete comunidades autónomas que gobierna el PP han expresado ya su disposición favorable a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Suelo, todavía en tramitación parlamentaria en el Senado. Sin embargo, la decisión no está tomada porque hay división de opiniones en la dirección del partido.
Los gobiernos autonómicos que controla el PP coinciden en que el texto del proyecto de ley de Suelo que ha remitido el Congreso al Senado invade competencias autonómicas y, por tanto, debe recurrirse al Tribunal Constitucional. Hay dos aspectos básicos en los que se centra esta supuesta invasión de competencias, según fuentes del PP: la figura del agente urbanizador y, en segundo lugar, la regulación de los patrimonios públicos de suelo.
No obstante, en el PP se observa la paradoja de que mientras ésta es una circunstancia que preocupa a nivel autonómico, ni el PNV ni Esquerra Republicana de Cataluña ni Convergència i Unió se proponen interponer un recurso al Tribunal Constitucional ya que han pactado con el Gobierno el grueso del proyecto de ley. Esta paradoja es la que está llevando a los dirigentes nacionales del PP a plantearse con seriedad si merece la pena o no formalizar este recurso.
En paralelo a este debate interno pendiente de resolverse, el PSOE teme que los nacionalistas catalanes reabran en el Senado el proyecto de ley, presionando para que se introduzcan enmiendas que acentúen la potestad de las comunidades autónomas en algunos de los aspectos esenciales que regula la norma. Una de ellas, en la que insistirá CiU, guarda relación con los patrimonios públicos de suelo. El proyecto modifica el texto refundido de 1992 tomando como punto de partida varias sentencias del propio Tribunal Constitucional sobre competencias estatales.
No obstante, hay grupos que consideran que el Gobierno ha ido demasiado lejos e invade el terreno de las comunidades autónomas, éste es el caso de CiU y del PP, y hay otros que creen que el Ejecutivo se ha quedado corto, pues buena parte de los ayuntamientos incumplen el objetivo por el que deben crearse los patrimonios públicos de suelo y los destinan a usos que nada tienen que ver con la vivienda protegida o el interés social.
El PSOE teme que cualquier modificación al respecto debilite el pacto original alcanzado con ERC e IU sobre este proyecto de ley.
Patrimonios públicos destinados a VPO
El proyecto de ley de Suelo que se tramita en el Senado establece que las reservas públicas de terrenos deberán destinarse a la construcción de viviendas 'sujetas a algún régimen de protección pública', aunque también podrán utilizarse 'a otros usos de interés social'.El proyecto dicta también que los terrenos adquiridos por una administración destinados a vivienda protegida no podrán ser adjudicados por un precio superior al valor máximo de la repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate.CiU intentará incorporar en la Cámara Alta enmiendas que den protagonismo en esta regulación a las comunidades autónomas y para ello cuenta, como mínimo, con el respaldo de IU y del PP. No obstante, el texto definitivo tendrá que volver a pasar el filtro del Congreso.