Bermejo abordará con los consejeros de Justicia las competencias estatutarias
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se comprometió ayer en el Congreso a convocar antes del verano a los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas para alcanzar una mayor coordinación en todas aquellas competencias que ya les han sido transferidas.
Este proceso de transferencias se encuentra a mitad de camino, pues sólo nueve de las 17 comunidades han asumido estas competencias, a pesar de que todas las tienen recogidas en sus respectivos estatutos.
Bermejo trabajará para que se formalice en breve el deber de los notarios y registradores de transmitir electrónicamente, a través de vías seguras, las escrituras y los documentos públicos al Registro Mercantil y al Registro de la Propiedad, con el fin de ahorrar costes al ciudadano y mejorar la seguridad jurídica.
El ministro expresó también ayer su interés por agilizar el llamado Registro civil online para que estén informatizadas las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunciones o tutelas y que sus certificaciones se puedan practicar en todo el Estado.
Cuentas judiciales
Esquerra Republicana de Cataluña recordó a Bermejo la apuesta de algunas comunidades porque el Ministerio transfiera a estas últimas la gestión de la cuenta de consignaciones y depósitos, así como de las tasas judiciales. El ministro mantuvo que lo someterá a estudio. Justicia ha prorrogado durante este año con Banesto el contrato de gestión de las cuentas judiciales, a través de las que se mueve un saldo medio en depósitos cercano a los 2.500 millones de euros.
Esta entidad bancaria gestiona estas cuentas desde enero de 2003, fecha en la que tomó el testigo al BBVA y abordó la informatización de las mismas introduciendo mayor agilidad y transparencia en el sistema.
La decisión ha sido saludada por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), a través de un comunicado en el que felicita al Ministerio y destaca las mejoras introducidas en los cuatro últimos años en los diferentes pagos judiciales, 'más rápidos, seguros, transparentes y de calidad para el ciudadano'.