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Competencia

El Congreso limita el veto del Gobierno a las concentraciones

El proyecto de Ley de Defensa de la Competencia superó ayer el debate en la Comisión de Economía del Congreso con un aprobado unánime, gracias a la transacción de una veintena de enmiendas pilotada por el PSOE. En una de ellas se eliminan los criterios de unidad de mercado, impacto social y pluralismo informativo a los que se podía acoger el Gobierno para condicionar operaciones de concentración económica.

En el proyecto de ley original remitido por el Ministerio de Economía al Congreso se reservaba al Gobierno la posibilidad de condicionar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general ajenos a la defensa de la competencia. A través de una enmienda transaccional negociada por el PSOE con el PP e Izquierda Unida se suprimieron ayer los criterios de unidad de mercado, pluralismo informativo y política social, que no podrán utilizarse desde el Consejo de Ministros para valorar estas operaciones empresariales. Entre los criterios que sí serán aplicables figura la defensa y la seguridad nacional, la protección de la seguridad o la salud públicas, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

Mediante otra enmienda introducida ayer en el dictamen del proyecto de ley se faculta a los gobiernos autonómicos a elaborar informes preceptivos, que no vinculantes, sobre las operaciones de concentración, medida que se inscribe en el interés del vicepresidente económico, Pedro Solbes, y de los grupos parlamentarios en reforzar el papel de las comunidades autónomas en la política de defensa de la competencia. Esta posibilidad sólo contará en el caso de que la concentración incida 'de forma significativa' en el territorio de una sola comunidad.

Los órganos de defensa de la competencia de las comunidades podrán elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas públicas concedidas por las administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito territorial y estarán legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las diferentes administraciones sujetos al derecho administrativo, así como disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos a la competencia efectiva en los mercados.

Establecimientos comerciales

Convergència i Unió consiguió negociar 24 enmiendas parciales con el Gobierno, buena parte de las cuales se orientan a mejorar la coordinación entre las competencias estatales y las autonómicas. Las comunidades quedan incorporadas a la valoración de conductas que afecten al comercio intracomunitario y que incidan en un territorio.

El portavoz de CiU en la Comisión de Economía, Josep Sánchez Llibre, destacó la competencia que se da en el proyecto de ley a los órganos autonómicos para intervenir en los proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales cuando su instalación pueda alterar la libre competencia. Si sus efectos trascienden a una comunidad la última palabra la seguirá teniendo la Comisión Nacional de Competencia.

Más pluralidad para la nueva Comisión

Con la ampliación de cuatro a seis del número de consejeros de la futura Comisión Nacional de Competencia, el Gobierno ha sentado las bases para dar mayor pluralismo a este órgano, haciendo posible que CiU y PNV puedan ser oídas por el Ministerio de Economía a la hora de renovar los consejeros.Mediante otra enmienda incorporada ayer al proyecto de ley se precisan las incompatibilidades que regirán para los miembros de la Comisión. En los dos años posteriores al cese no podrán ejercer actividad profesional alguna relacionada con su trabajo oficial.

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