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Juicio

El Corte Inglés solicita a la juez que desestime la demanda de Areces Fuentes

Segundo y último día de la vista oral del juicio mercantil que enfrenta a El Corte Inglés con los hermanos Areces Fuentes. Frente a la pretensión de César Areces de vender libremente sus títulos o bien que un auditor independiente fije el precio, la firma pidió que se desestime 'íntegramente' la demanda. El juicio está visto para sentencia.

El abogado que representa a El Corte Inglés eludió ayer entrar a discutir la valoración del grupo en el proceso que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid tras la demanda presentada por César Areces Fuentes, accionista del grupo con el 0,695% del capital. En sus conclusiones, el letrado de la compañía aseguró: 'No es un proceso para determinar la valoración de El Corte Inglés. Es un proceso para dilucidar si los órganos de administración han actuado correctamente'.

El abogado que defiende los intereses de El Corte Inglés se centró en el propósito de César Areces de transmitir sus acciones y en el cambio de los estatutos que esa pretensión desencadenó. 'Es un proceso de impugnación de acuerdos sociales', afirmó el abogado.

Poco antes, la letrada de Areces Fuentes exigió: 'No se puede tener al socio cautivo de sus acciones'. Para el demandante, El Corte Inglés sostiene una 'interpretación insostenible' de los estatutos del grupo que impiden al socio obtener el valor real de sus títulos y, en su lugar, se le pretende 'expoliar al menos dos tercios' de ese valor.

Según argumentos del demandante, la empresa ha vulnerado el artículo 17 de los estatutos en lo referido a la competencia del consejo para responder a las pretensiones de César Areces, ya que sería competencia de la junta de accionistas; y en lo que concierne a la determinación del precio al que El Corte Inglés adquiriría esos títulos en virtud de su derecho de tanteo.

Dos tipos de acciones

La disputa se originó cuando César Areces Fuentes -hijo de Celestino, sobrino del fundador- comunicó a su primo Isidoro Álvarez su intención de desprenderse de las acciones que controla. Ante la falta de acuerdo sobre el precio (César Areces pidió 80 millones de euros), el consejo de administración encargó a Leandro Cañibano -auditor independiente, según el grupo, y no tan independiente, según Areces Fuentes- que determinara el valor de las acciones.

La conclusión de Cañibano fue que el valor real de la empresa coincide básicamente con su valor teórico contable (resultante de dividir el patrimonio entre el número de acciones). La abogada de César Areces defendió que 'certificar un valor teórico contable no es ningún ejercicio de valoración de la compra' y sostuvo que 'el auditor debía ser designado por el Registro Mercantil'. En lugar de hacerlo, 'El Corte Inglés designó un auditor a su conveniencia', aseguró. El abogado de la empresa, sobre este punto, señaló que la elección de auditor se hizo según la ley de sociedades anónimas y que el valor fijado es 'razonable'. Sobre la petición de poder transmitir libremente acciones, el abogado del grupo dijo que 'daría lugar a un nuevo tipo de acciones, las de César Carlos, y las de los demás'. Además, el comprador 'volvería a estar sujeto al artículo 17 de los estatutos'.

El grupo ofreció 35 millones

Fuentes jurídicas han señalado que El Corte Inglés ofreció a César Areces 74,93 euros por cada acción de clase A (seis euros de nominal) y 749,3 por cada una de tipo B (de 60 euros de nominal), un total de 35 millones, por los 400.000 títulos de César Areces, frente a las pretensiones del socio de obtener cerca de 80 millones por su paquete. El informe aportado por el demandante, elaborado por expertos de IESE, valoraba esas acciones en 98 millones de euros, que es lo que ahora pide Areces Fuentes. El letrado de El Corte Inglés arremetió contra esa valoración. 'Se pretende que El Corte Inglés quede vinculado al precio fijado por economistas no auditores para todos sus accionistas'. Añadió que el informe 'no ha valorado la empresa que hay, sino una idea de lo que podía ser' sin tener en cuenta las normas del ICAC. Asimismo, defendió la valoración de Leandro Cañibano, que determinó que el precio por acción es similar al valor teórico contable del grupo consolidado. 'Cuál sea el valor que determine el auditor, no lo podemos revisar aquí', dijo.

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