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El coste del ajuste de RTVE asciende a 1.300 millones

El plan de saneamiento de RTVE puesto en marcha por el Gobierno tendrá un coste aproximado de 1.300 millones, a desembolsar en los próximos 15 años. Bruselas respaldó ayer el plan pese a admitir que existen ayudas de Estado.

El plan de saneamiento de RTVE impulsado por el Gobierno el año pasado ya tiene precio. Las prejubilaciones y otras medidas aprobadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la dirección del ente, y pactadas con los sindicatos, para reducir en un 44,3% la plantilla del grupo costarán unos 1.300 millones de euros al Estado. Esta cifra, que convierte el expediente de regulación de empleo (ERE) de RTVE probablemente en el más caro de la historia empresarial de España, se irá desembolsando en un periodo de 15 años (desde este año y hasta 2022).

Coste muy superior

En todo caso, la reforma total de la radiotelevisión pública tendrá un coste muy superior, ya que a estos 1.300 millones hay que sumar los 7.812 millones de la llamada deuda histórica, que será asumida por el Estado en cuatro años.

El dato final del coste del ERE no lo ha facilitado ni la SEPI, ni el Ministerio de Economía del que depende, ni la dirección de RTVE. Hasta este momento, la única cifra que se había puesto sobre la mesa era la recogida en las cuentas del Estado para este año, en las que hay presupuestados 120 millones por este concepto, según avanzó en diciembre el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles.

Fue la Comisión Europea la que ayer desveló el coste total de ERE, en una nota en la que informó de su visto bueno al plan de prejubilaciones en RTVE, a pesar de considerar que existe ayuda de Estado, puesto que será el erario público el que correrá con los costes en que se incurra.

No obstante, Bruselas considera que esta ayuda es compatible con las normas comunitarias dado que, al final, la reestructuración de RTVE conducirá a una reducción global del uso de los recursos financieros del Estado español, gracia a unas medidas que son 'proporcionales' para conseguir que RTVE cumpla su misión de servicio público sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

La propia comisaria de Competencia, Neelie Kroes, expresó su satisfacción por poder aprobar el uso de ayudas 'que promueven la eficiencia de un medio de comunicación público y, en última instancia, ahorran dinero a los contribuyentes'.

En rueda de prensa, el portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, quiso dejar claro que el que Bruselas haya aprobado el uso de prejubilaciones masivas en este caso es una excepción. Según explicó, las autoridades españoles han convencido a las comunitarias de que el ERE 'era la mejor manera de asegura la viabilidad de RTVE a largo plazo', informa Efe.

La reforma y el saneamiento de RTVE impulsados por el Gobierno son consecuencia de un procedimiento que inició Bruselas para obligar a adaptar el régimen de financiación de RTVE a las directrices comunitarias. Así, exigió a España la supresión de la garantía ilimitada de la que gozaba el ente público y que hacía responsable de su deuda al Estado; la separación contable entre los ingresos y costes del servicio público y los del resto de actividades del grupo; y la adaptación de las actividades comerciales del grupo a una gestión en condiciones de mercado.

Para cumplir con estas exigencias, el Ejecutivo aprobó, como primera medida, la Ley de la radio y televisión de titularidad estatal, que ha convertido el antiguo ente público en una corporación (sociedad mercantil estatal sujeta a la legislación de las sociedades anónimas) que nace sin deuda y que tendrá que ajustar su gestión económica a los límites que le marque un contrato-programa trianual.

Como segunda medida, la SEPI impulsó un plan de viabilidad en RTVE que supondrá un recorte de plantilla del 44,3% (4.150 trabajadores). La mayor parte de las bajas se alcanzarán a través de prejubilaciones a partir de los 50 años. Los afectados percibirán una garantía económica del 92% de su sueldo neto.

El consejo debate sobre la entrevista a García

El consejo de administración de RTVE debatió ayer la reciente decisión de la dirección del grupo de suspender la emisión de la casi totalidad de una entrevista realizada por Jesús Quintero al periodista José María García, según dio a conocer la corporación.

Tras ser informados 'ampliamente' por el presidente, Luis Fernández, los consejeros aprobaron por unanimidad una serie de principios de actuación para casos similares. Así, quisieron subrayar la 'irrenunciable responsabilidad' de la dirección de RTVE sobre todos los contenidos que se emitan en sus cadenas y programas.

En segundo lugar, insistieron en el 'respeto absoluto' a la libertad de expresión que debe regir en el grupo, así como en el 'respeto absoluto' al derecho que tiene los ciudadanos a su propia imagen y al honor.

Finalmente, coincidieron en la exigencia de rigor que deben requerir los profesionales de RTVE 'a ellos mismos y a quienes accedan a la televisión pública para emitir sus opiniones'.

El pasado 21 de febrero, RTVE decidió no emitir una entrevista con García, ampliamente publicitada con anterioridad, al entender que en ella se vertían 'insultos y descalificaciones'.