La Ley del Suelo supera el paso por el Congreso con el rechazo del PP
El proyecto de Ley del Suelo ya está camino del Senado tras superar ayer el debate en el Congreso con el único rechazo del PP. Este partido votó en contra, incluso, del bloque de medidas que el resto de los grupos ha incorporado a la ley para facilitar la lucha contra la corrupción urbanística.
Todos los grupos del Congreso con la única excepción del PP respaldaron ayer este proyecto de ley que sustituye a la norma de 1998 nacida durante el Gobierno de José María Aznar. En el trámite parlamentario se han incorporado casi un centenar de enmiendas transaccionales, a través de las cuales el Ministerio de la Vivienda y el PSOE han logrado ganar la complicidad de la mayoría de las fuerzas políticas. Esta complicidad fue posible a medias con el PP en el trámite de Comisión, puesto que apoyó 45 de las enmiendas sometidas a debate.
Ayer, sin embargo, el principal partido de la oposición rechazó respaldar la disposición adicional que contiene la batería de medidas pensadas para combatir la corrupción urbanística que no ha sido posible sumar a la ley de gobierno local. Entre ellas destaca la obligación de los altos cargos municipales de realizar declaración de bienes y el paso obligado de los convenios urbanísticos por los plenos.
El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Contreras, expresó su sorpresa por esta actitud del PP, contradictoria con la que mantuvo durante el debate del proyecto en Comisión.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, recordó ayer algunas otras medidas incorporadas al proyecto de ley orientadas a la introducción de mayor transparencia en las decisiones municipales relacionadas con el urbanismo. Entre ellas destacó la obligatoriedad de que en aquellos expedientes de recalificaciones de suelo que conlleven una plusvalía se haga constar quiénes han sido los propietarios de las fincas afectadas durante los cinco últimos años. Con ello se podrá saber a quienes beneficia cada decisión de esta naturaleza.
Vivienda protegida
El proyecto también aumenta la reserva de suelo para vivienda protegida, que pasa del 25% al 30%, límite mínimo que operará, sobre todo, en aquellas comunidades que no alcanzan este porcentaje o que, aún alcanzándolo, no es real porque dejan fuera a los municipios turísticos.
La Ley entrará en vigor a partir del 1 de julio, después, por tanto, de celebradas las elecciones municipales y de que se hayan constituido los nuevos gobiernos locales.
Competencias autonómicas
El PSOE teme que el PP y CiU sumen voluntades en el Senado para lograr que sean las comunidades las que decidan cuando se inicia formalmente una actuación de urbanización pues, a juicio del ponente socialista, Francisco Contreras, esto significaría tanto como desactivar el proyecto de ley aprobado ayer por el Congreso. En todo caso, la Cámara Baja podría posteriormente imponer el texto original.