Farmaindustria pide elevar de 10 a 20 años la vigencia de las patentes
Los laboratorios españoles quieren tener los mismos derechos que los europeos. Por eso pedirán al Ejecutivo que los medicamentos registrados antes de 1992, cuya patente dura tan sólo diez años, pase a ser de veinte, tal y como ocurre en la Unión Europea. El interés no es baladí: los laboratorios ingresan en torno a 1.600 millones de euros con tan sólo 15 fármacos patentados antes de esa fecha.
El nuevo sistema de precios de referencia para medicamentos, que entró en vigor ayer, supondrá que la industria farmacéutica dejará de ingresar 575 millones de euros al año, una cifra cercana al 6,5% de la facturación de los 200 laboratorios integrados en la patronal Farmaindustria. Además, el nuevo sistema impedirá a los laboratorios invertir una cifra cercana a las 1.700 millones de euros en I+D+i en los próximos cinco años, según los cálculos hechos públicos ayer por el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, quién aseguró que las pérdidas pueden ser mucho mayores en el caso de los laboratorios de tamaño menor, cuya facturación podría verse mermada entre un 15% y un 20%.
Estas pérdidas de ingresos es la que llevó ayer a los laboratorios a exigir mecanismos correctores ante el impacto económico de esa medida. Así, Arnés exigió sensibilidad al Ejecutivo y reclamó la armonización de la protección industrial de las patentes españolas frente a las europeas. En cualquier país europeo, el laboratorio que investiga y desarrolla un medicamento tiene posibilidades de explotar los derechos durante los siguientes 20 años desde que cuente con la patente de investigación.
En España también ocurre así, pero los laboratorios solo pueden explotar la patente desde que recibe la autorización del Ministerio de Sanidad. La única excepción es para los medicamentos patentados antes de 1992, que tan sólo cuentan con una patente de procedimiento (menos protectora que la de producto) que dura 10 años. Esta situación transitoria se acabará en 2012, aunque la industria relama que se acabe cuanto antes. El efecto para los laboratorios es alto, pues aunque los fármacos afectados son una quincena, representan unos ingresos de 1.600 millones de euros y suponen el 40% del beneficio de algunos laboratorios, según datos de la Oficina de Patentes y Marcas.
La industria ingresa 1.600 millones de euros al año con 15 fármacos patentados
Los laboratorios dicen que la bajada de precios les impedirá invertir 1.700 millones en I+D+i
A juicio de Arnés, esta diferencia es la que está provocando una doble pérdida de competitividad para la industria, ya que mientras que los trámites para patentar un medicamento son muy largos, 'el mercado se ha llenado de genéricos que le quitan mercado a los procedentes de I+D', a lo que hay que unir la obligación de bajar el precio a los medicamentos patentados incluidos en el sistema de precios de referencia. 'Confiamos en que la Administración sea comprensiva y elimine del sistema de precios de referencia aquellos productos que cuentan con genérico en Europa', dijo Arnés.
En este escenario, los laboratorios calculan que perderán 575 millones porque se verán obligados por ley a rebajar un 20% el precio de cualquier medicamento con más de 10 años en el mercado que cuente con un genérico.
'No habrá desabastecimiento en las farmacias'
El director general de Farmaindustria tuvo que salir ayer al paso de algunas informaciones que anunciaban desabastecimientos en las oficinas de farmacia ante los cambios que se iban a producir en al menos un 25% de los medicamentos que se comercializan.Arnés fue muy claro al señalar 'que no tenía ningún sentido pensar que la industria farmacéutica no distribuyera con la eficacia habitual con lo que lo hace a las oficinas de farmacia' y fue muy crítico con algunas comunidades autónomas que ante esas informaciones han empezado a sustituir medicamentos originales por genéricos, 'lo que está prohibido por ley'.Entre las comunidades que han realizado estos cambios, Arnés señaló que Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el Partido Popular, han ido más allá de lo que marcaba la ley y han establecido, en primer lugar, un periodo de cohabitación entre el precio nuevo y el antiguo del medicamentos, y en segundo, una 'laxitud' en el periodo de sustitución de dos meses.Arnés destacó que esta convivencia dará lugar a situaciones en las cuales el dispensador 'pueda ofrecer un fármaco u otro basándose en aspectos económicos', lo que motivará una sustitución de medicamentos fuera de los casos excepcionales establecidos en la ley.En este sentido, cree que la sustitución va claramente 'en contra de la Ley y de la industria' y fomenta una práctica que puede tener consecuencias sanitarias 'más importantes' que las que pretenden prevenir, como el desabastecimiento'.En su opinión, la ley solo establece la sustitución de fármacos 'en circunstancias excepcionales sujetas a una serie de cautelas'. En concreto, el artículo 93.4 b establece que el farmacéutico debe sustituir un medicamento por el de menor precio e igual composición cualitativa y cuantitativa (genérico), cuando se prescriba un medicamento que tenga un precio superior al de referencia, 'caso improbable debido a que todos los medicamentos están obligados a bajar su precios para ser reembolsados por el Sistema Nacional de Salud'.