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Exigencia

Economía pide más prevención a la banca ante el blanqueo

España está bien colocada para adaptarse a la tercera directiva europea sobre blanqueo de capitales, aunque tendrá que incidir en las labores preventivas de las entidades financieras. Esa es la principal conclusión de la jornada El escenario de la prevención del blanqueo de capitales, patrocinada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte.

Ignacio Palicio, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), afirmó que la actual normativa española está orientada 'en dirección adecuada', por lo que 'sólo necesitará algunos retoques cuando se tenga que transponer la tercera directiva comunitaria. Dicha normativa se explicitó en una ley de 2003, desarrollada por un reglamento de apenas dos años de antigüedad.

Palicio afirmó que los sujetos obligados (entidades instadas legalmente a denunciar transacciones sospechosas) han ofrecido hasta ahora distintos niveles de colaboración: desde los que se limitan a cumplir formalmente, 'sin tener conciencia del riesgo que asumen', hasta las que sí consideran ese riesgo en su gestión diaria e integran la obligación en sus decisiones de negocio. Sin embargo, según Palicio, en la mayoría de los sujetos pasivos se echa en falta 'una mayor labor preventiva, mediante sistemas expertos y aplicaciones informáticas que eviten a priori determinadas operaciones'.

El subdirector de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan Manuel Vega, explicó que la directiva ampliará el alcance del sistema antiblanqueo, tanto subjetivo (además de las entidades financieras, afectará a otras entidades similares y a diversos profesionales) como objetivo (para 'privar a cualquier delito de su rentabilidad').

Además, 'se completará el criterio del riesgo' en la gestión del sistema antiblanqueo. A juicio de Vega, ello exigirá 'profesionalizar la prevención, pues hoy en día ninguna entidad cree que tiene riesgos por este factor'.

Sanciones por ocultación en España

La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, explicó que uno de los requisitos comunitarios es extender la obligación de declarar operaciones con más de 100.000 euros en efectivo dentro del territorio nacional. La declaración deberá incluir origen, destino y procedencia de la cantidad. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán retenerla mientras se tramita el correspondiente expediente. La sanción puede ascender hasta el 50% de la cantidad no declarada salvo en 'casos de clara voluntad de ocultación', que podrían sancionarse con el 100%.

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