La Junta andaluza notifica a Delphi que el cierre puede implicar delitos de cárcel
Anuncia acciones legales o de otra índoleLa Junta de Andalucía inició ayer su ofensiva legal contra el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz) entregando en la fábrica un requerimiento notarial donde se advierte a la firma que está incumpliendo las leyes laborales y penales españolas. Puede incurrir en delitos castigados hasta con cuatro años de cárcel.
Mientras los trabajadores mantienen sus protestas, el Gobierno andaluz empieza a concretar su advertencia inicial de que emprenderá todas las medidas legales a su alcance para evitar la pérdida de miles de empleos en la Bahía de Cádiz. El primer paso lo dio ayer el delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, quien entregó personalmente en la planta de Delphi un requerimiento notarial dirigido al consejo de administración de la multinacional y firmado por el consejero andaluz del ramo, Antonio Fernández.
Según indica el consejero, los incumplimientos que puedan darse de la normativa y acuerdos citados 'pudieran ser incluso constitutivos de un presunto delito previsto en el artículo 311 ó en el 257.2 del vigente Código Penal'. El primero recoge las penas a aquellos que 'mediante engaño o abuso de una situación de necesidad' impongan condiciones a los trabajadores que supongan 'restricciones en sus derechos' reconocidos por la legislación laboral. El segundo se refiere al alzamiento de bienes cuando éste afecte a los derechos económicos de los trabajadores.
Estos delitos pudieran acarrear penas de seis meses a cuatro años de prisión. Fernández concluye que si la empresa no cumple escrupulosamente con la normativa se reserva 'el ejercicio de las acciones legales oportunas o de cualquier otra índole en defensa de los derechos que la legislación atribuye a los trabajadores'.
La primera autoridad laboral de la comunidad, que todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el cierre de la fábrica, le recuerda a la empresa que la legislación laboral exige para la extinción de empleos una autorización administrativa previa. Además, para empresas de más de 50 trabajadores, la solicitud para esa extinción deberá contener un plan de acompañamiento social, que incluya las medidas previstas por la empresa 'en orden de evitar o reducir los efectos del despido colectivo'. Fernández también recuerda a la empresa en el escrito la existencia del acuerdo alcanzado en el denominado Plan Industrial 2005/2010, que contempla unos determinados compromisos en materia de empleo de carácter fijo.
En sus 25 años de actividad en Cádiz, Delphi ha recibido más de 60 millones de euros en ayudas públicas, aunque 14 de estos millones no estaban todavía desembolsados. La Junta chequea ahora la partida de subvenciones que puede ser reclamada por incumplimiento de compromisos de empleo e inversiones. Mientras tanto, la tensión crece entre la plantilla de la empresa, que al igual que el fin de semana volvió a manifestarse ayer ante las puertas del ayuntamiento de Puerto Real. Durante el sábado y el domingo, sin actividad en la fábrica, un retén de trabajadores ha permanecido en la puerta de Delphi para no encontrarse con 'sorpresas'.
Las Administraciones se movilizan
Gobierno central y Junta de Andalucía están coordinando sus esfuerzos para paliar la crisis de Delphi. Los secretarios generales de Industria y de Empleo viajarán esta misma semana a Sevilla para entrevistarse con responsables del Gobierno andaluz y buscar soluciones comunes. El ministro Pedro Solbes avanzó ayer que el Gobierno aplicará todos 'los elementos de apoyo social' para paliar la crisis. En Andalucía, el presidente Manuel Chaves se reunió con los líderes regionales de UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, para analizar el cierre. Los sindicatos pidieron unidad a los políticos para evitar la pérdida de empleo y Chaves anunció que tratará el asunto en su reunión de hoy con Rodríguez Zapatero en la Moncloa.