Impuestos

La rebaja fiscal menguante de Esperanza Aguirre

El juego de deducciones atenúa la bajada del IRPF en Madrid

La rebaja de impuestos auspiciada por la presidenta regional Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid en el tramo autonómico del IRPF (adicional a la que se aplicará en el tramo estatal) no será tan boyante como se preveía en un principio. La ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de este año estima una reducción genérica en la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta, de un punto (a aplicar ya desde enero), en función de los ingresos del contribuyente madrileño.

De esta forma, y según cálculos oficiales del Ejecutivo regional, el punto de reducción en la cuota regional es equivalente a un recorte medio del 2,7% (unos 80 euros) en la cuota a pagar por cada madrileño en el tramo autonómico. Esta será del 4,46% para los contribuyentes con ingresos de hasta 17.360 euros; del 4% para quien ingrese entre 17.360 y 32.360 euros, y del 1,4% para los que ganen más de 52.360 euros, según los citados cálculos. Sin embargo, esta reducción general de un punto en la tarifa autonómica (primera que practica una comunidad) provocará otros efectos sobre el impuesto que harán que la rebaja no sea tan profunda, y que incluso llegue a ser discriminatoria para los contribuyentes madrileños en relación a valencianos, catalanes o cántabros. Esto tiene su explicación por la mecánica liquidatoria del impuesto, que obliga a aplicar la tarifa sobre las deducciones personales y familiares que, técnicamente se descuentan de la base imponible del impuesto, no de la cuota.

Así, mientras que el resto de comunidades autónomas aplicarán un gravamen del 24% sobre estas deducciones familiares, en Madrid este porcentaje se reducirá, en la práctica, al 23,6%. (hay que descontar la rebaja de la tarifa aprobada por el Gobierno de Aguirre). Este hecho 'atenúa la rebaja impositiva llevada a cabo en Madrid', según advierte Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y provoca que la deducción por mínimos personales y familiares sea, en la práctica, menor en Madrid que en otras regiones.

Un ejemplo, puesto por el propio REAF, aclara esta aparente paradoja. Es el caso de un contribuyente con unos ingresos anuales de 17.360 euros y que sume en el IRPF deducciones familiares y personales por 8.850 euros (5.050 por mínimo personal y 3.800, por dos hijos). En el resto de comunidades, pagará por el nuevo IRPF una cuota de 2.234 euros (1.457,9 por el tramo estatal y 776,5 por el autonómico). En Madrid, pagará algo menos, 2.197 euros (1.457 por el tramo estatal y 739 por el autonómico), es decir 37,24 euros menos. Sin embargo, si no tuviera que aplicar la menor tarifa autonómica sobre las deducciones familiares, el ahorro sería aún mayor, de 69,4 euros (32,2 euros adicionales a los 37,24 reales). Esta circunstancia permitirá a la Comunidad de Madrid 'ahorrarse' parte de la rebaja fiscal anunciada. Esa parte es la que le revierte por el juego de las deducciones familiares incluidas en el sistema.

Si el ejemplo se aplica a ingresos anuales mayores para un contribuyente (casos dos y tres del gráfico) el ahorro para la Comunidad de Madrid (menor coste por aplicación una rebaja tributaria atenuada) sería aún mayor.

Desde el REAF se insiste en que esta paradoja se produce por el juego cruzado de la tarifa autonómica sobre las deducciones generales. Entre los consejos de los asesores se encuentra una delimitación más clara entre los impuestos (estatales, locales y autonómicos) para evitar cruces indeseados. Estos cruces se suelen producir en los impuestos locales donde una administración recauda y otra legisla (Estado).

Consejos del REAF en tributos locales

La generalización de deducciones específicas en el IBI (propuesta por el PP para los comicios municipales de mayo) puede provocar problemas de gestión. No es aconsejable 'subjetivizar' el impuesto.

Sería deseable extender la vía económico-administrativa a todos los municipios para resolver conflictos sobre tributos (sólo está permitido para grandes ciudades).

Se requiere una mejora de la transparencia y de la financiación en las haciendas locales, con una reforma profunda de la ley.

Nuevo replanteamiento del impuesto de actividades económicas (IAE) para su total eliminación.