Carmen Martínez Ten

'Queremos triplicar la sanción máxima en materia nuclear'

La directiva del CSN habla de la inminente reforma de la ley reguladora del Consejo, de su voluntad por que se mejore el sistema sancionador y de las nuevas iniciativas en materia de seguridad de centrales e instalaciones.

A sus 53 años, esta licenciada en Medicina y Cirugía ha sido directora del Instituto de la Mujer, además de desempeñar varios cargos en el Ministerio de Sanidad, antes de ingresar, en 1995, en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Desde el 1 de diciembre pasado es la máxima responsable de la seguridad de centrales nucleares e instalaciones radioactivas.

¿Cómo ha cambiado el funcionamiento del Consejo desde su llegada a la presidencia?

Ha habido una ampliación de funciones. El CSN nació en 1980, como un órgano constitucional. Era un regulador independiente, que emitía informes vinculantes en caso de ser negativos. La primera década se pasó analizando proyectos y estudiando licencias para las nuevas centrales nucleares. Desde los 90, se amplía su competencia a hospitales y otras instalaciones y aparatos que emiten radiación. De las 70 personas que lo formaron inicialmente, hemos pasado a más de 450.

¿Qué espera de la futura reforma de la ley del CSN?

Tendremos que adaptar el Consejo, fundamentalmente en materia de transparencia frente al ciudadano y de interacción con el Parlamento. Cuando se apruebe la ley, tendrá que reformarse también el Estatuto del CSN, que se ha quedado estrecho para las funciones actuales. Espero que se refuercen, sobre todo, las direcciones técnicas, la estructura internacional, los sistemas informáticos y la comunicación.

También quieren modificar el sistema de sanciones...

El primer cuadro de sanciones data de 1964, y después se han hecho varios parches. Pero el sistema aún mete en el mismo saco las instalaciones radioactivas y las nucleares. Hemos propuesto al Ministerio de Industria diferenciarlas, porque el riesgo de un aparato de rayos X no tiene nada que ver con el de una central nuclear. Además, se estipulaban sanciones leves, graves y muy graves, sin graduaciones dentro de cada grupo, que ahora queremos implantar. Finalmente, proponemos elevar las multas, para que no haya ningún sector industrial con mayores sanciones que el nuclear. La multa para las infracciones muy graves en centrales nucleares se triplicaría, para llegar a 10 millones de euros. Esperemos que el Congreso lo apruebe así en la ley.

Otra tarea pendiente es la construcción de un almacén de residuos radioactivos. ¿En qué estado se encuentra?

Enresa Empresa Nacional de Residuos y el CSN ya han realizado un análisis abstracto de necesidades técnicas sobre un modelo concreto. Se ha constituido una comisión interministerial, y actualmente está abierto el periodo de información a los ayuntamientos interesados. Cuando el Gobierno decida la ubicación, el CSN realizará otro análisis concreto, ponderando factores específicos de la localidad (geológicos, de resistencia, ambientales...)

¿Cuándo estará listo?

Espero que no se demore mucho. En 2010 Francia nos devolverá 400 toneladas de residuos de alta actividad de Vandellós I, y hay otros residuos de Zorita, del cajón de Vandellós I, del almacén de Trillo, todo disperso... Necesitamos un sistema único de control de residuos, que dé tranquilidad hasta 2060 o 2070, fechas en que esperamos que la tecnología haya avanzado.

¿Qué papel juega el CSN en el ámbito internacional?

Participa en el G-8 de energía nuclear, un foro privilegiado de reguladores. España fue socio fundador del Wenra, organismo que agrupa a países de la UE con centrales nucleares, y que ha exigido el cierre de algunas en países candidatos que ingresaron en 2004. Además, participamos en el foro iberoamericano de seguridad nuclear y protección radiológica, y trabajamos con el OIEA de Mohammed Al Baradei. Este organismo vendrá el año que viene a España, para hacer una auditoría de funcionamiento al propio CSN.

Nueva York acaba de anunciar un plan para blindar la ciudad frente a un posible ataque terrorista nuclear. ¿Qué medidas se toman en España frente a estas amenazas?

Por un lado, a raíz del 11-S se incrementó la seguridad física de las centrales, introduciendo doble vallado, aparatos de detección de intrusiones, análisis de rutas aéreas y más comunicación con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por otra parte, estamos haciendo el inventario de fuentes radioactivas, estableciendo un nivel de actividad que servirá de criba. Las instalaciones que lo superen tendrán que dotarse de planes específicos de seguridad, además de las exigencias generales que se establecen actualmente.

Garoña pasará controles que no se piden en EE UU

A la pregunta sobre el estado actual de las centrales nucleares españolas, Martínez Ten explica que el accidente de Vandellós I supuso un revulsivo, marcando una mayor pro actividad por parte de las empresas, más propensas a declarar incidentes y sucesos ('lo que no implica que se produzcan más').

Respecto a la central de Santa María de Garoña (Burgos), que ha pedido una prórroga de funcionamiento de 10 años, el CSN dedicará tres a elaborar un dictamen sobre su seguridad. 'Además de la revisión periódica de seguridad, exigiremos requisitos que no se aplican a centrales similares en Estados Unidos: pediremos que revisen la normativa aparecida desde su puesta en funcionamiento (de la OIEA, la NEA o la normativa europea de protección radiológica) y demuestren su cumplimiento. Además, exigiremos que examinen, componente a componente, materiales susceptibles de envejecimiento, para un plazo de 50 años en vez de los 40 para los que se creó, y que vencerían en 2011. En definitiva, que recalculen todos los sistemas con un margen de vida de diez años más. Todo ello requerirá, sin duda, grandes inversiones'.

Martínez Ten no entra en si éstas pueden dificultar la supervivencia económica de la central: 'No es problema nuestro. El CSN tiene que exigir garantías de seguridad, independientemente de su coste'.

Si el dictamen fuera negativo, no habrá renovación; en caso contrario, el Gobierno decidirá según su política energética. A día de hoy, no hay ninguna solicitud de licencia para construir nuevas centrales.