Los aplazamientos de pago a la Seguridad Social crecen un 38%
El número de aplazamientos de pago a la Seguridad Social concedidos a las empresas y Administraciones públicas se incrementó un 38%, hasta los 52.476 casos en 2006. Si bien la deuda pendiente de cobro en vía ejecutiva es de 3.547 millones de euros, lo que sitúa su tasa de morosidad en el 1,10%, la más baja de su historia.
Cuando una empresa, un autónomo o un organismo público pasa por alguna dificultad económica, uno de los pagos que primero suspende es el de las cotizaciones a la Seguridad Social. Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social detecta el impago ofrece al moroso la posibilidad de pagar su deuda de forma aplazada en un tiempo de hasta cinco años.
Este recurso al pago aplazado de las deudas con la Seguridad Social registró un importante incremento el pasado año del 38,5%, hasta alcanzar un total de 52.476 de aplazamientos concedidos.
El incremento de estas peticiones afectó principalmente a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos, ya que el 98% de los aplazamientos concedidos corresponden a deudas inferiores a los 90.000 euros.
En cualquier caso, los ingresos generados por el cobro de parte de estos aplazamientos ascendieron el pasado año a 385 millones, un 14,2% más que en 2005.
No obstante, si la entidad morosa no se aviene a este pago aplazado o aún así no salda sus deudas, la Seguridad Social cuenta con las Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE) que se encargan de iniciar el procedimiento administrativo de apremio y embargo para cobrar la cuantía pendiente de cobro.
A finales de 2006 el montante de la deuda reclamada por vía de apremio ascendía a 3.547 millones de euros, lo que supone un 9% menos que en 2005. Esto ha situado la tasa de morosidad de empresas y organismos públicos con la Seguridad Social en el 1,10%, la más baja de su historia, frente al 1,16% registrado en 2006. La tasa de morosidad de todo el sistema bancario es del 0,6%.
Esta caída de la morosidad ha sido posible fundamentalmente por un incremento de la cantidad obtenida por la vía ejecutiva el pasado año, cuando la Seguridad Social recaudó 1.283,8 millones de euros, un 11% más que en el ejercicio anterior.
En el momento en el que los técnicos de las URE inician el expediente de apremio, disponen de un mes para conseguir toda la información patrimonial de la que es titular el deudor de la Seguridad Social. Para hacerse con esta información, las URE cuentan con acuerdos de colaboración, entre otros, con la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, el Colegio de Registradores de la Propiedad, la Dirección General de la Marina Mercante, el Catastro o las entidades financieras.
Cuando se tiene la información sobre las propiedades de la entidad morosa, el paso siguiente será iniciar los expedientes de cobro de la deuda, mediante el embargo de los bienes del moroso. Los técnicos de la Tesorería General de la Seguridad Social emitieron el pasado año un total de 1.363.849 órdenes de embargo de cuentas corrientes y de otros 891.893 bienes de otra naturaleza.
Entre este tipo de bienes se embargaron 450.090 salarios o pensiones, un 47% más, que el año anterior; 168.016 vehículos y embarcaciones, que se incrementaron un 35%; 116.797 valores o derechos económicos; 59.789 viviendas y 97.147 bienes muebles.
Además, la Tesorería de la Seguridad Social está autorizada a subastar públicamente los bienes embargados para saldar la deuda. El pasado año, se convocaron 6.868 subastas públicas, por un valor total de licitación de 142,7 millones de euros.
Los ayuntamientos deben 343 millones
Al finalizar el pasado año los ayuntamientos tenían una deuda con la Seguridad Social por impago de las cotizaciones de 342 millones de euros. A diferencia de lo que ocurre con las empresas, la ley no permite a la Tesorería General de la Seguridad Social ejecutar el cobro de la deuda a las entidades locales por la vía del apremio (embargo de bienes). Pero, los técnicos del sistema cuentan con otras vías para recuperar este dinero. La ley sí permite a la Seguridad Social detraer la cuantía que le es adeudada de las cantidades que los ayuntamientos perciben con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.Por esta vía, la Seguridad Social recaudó 106,6 millones el pasado año. Además, la Tesorería viene potenciando la vía de aplazamiento, al igual que en las empresas, 'para no menoscabar los ingresos necesarios de las corporaciones locales para su funcionamiento', indica la Seguridad Social.Otra de las prácticas de la Tesorería en los últimos años está relacionada con la prevención del fraude en las medianas y grandes empresas. En 2006 la Seguridad Social hizo un 'seguimiento' de 62.974 de estas compañías y permitió que en un 82% de los casos que se detectaron impagos, la empresa regularizara el aplazamiento del pago de su deuda.La Tesorería también potenció el pasado año las acciones para derivar la responsabilidad del pago de la deuda a personas y empresas distintas de las inicialmente obligadas (como socios o familiares). De hecho, el pasado año se realizaron 8.414 derivaciones frente a las 4.860 de 2005.