æscaron;ltimo intento de Álvarez, Gallardón y Aguirre de salvar la operación Chamartín
La operación Chamartín entra en una fase decisiva para saber si finalmente se hará tal y como está planteada o deberá ser diseñada de nuevo. Representantes de las tres Administraciones y la gestora del suelo Duch se reúnen el viernes en un último intento por llegar al consenso.
Por primera vez en los 13 años en los que ya se demora la operación urbanística más importante de Europa fuentes conocedoras de las negociaciones admiten estar al borde de la ruptura.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid explican que el próximo 2 de marzo se celebrará una reunión técnica en la que se planteará un borrador de convenio.
'Hemos calculado que los ingresos netos que obtendrá Duch, que ostenta los derechos de gestión sobre el 63% de los terrenos, ascenderán a 3.283 millones de euros. Una cantidad nada despreciable en nuestra opinión, resultante de restar a los ingresos totales (6.715 millones), los costes que irían a parar a financiar las comunicaciones de la zona, unidos a los 1.200 millones comprometidos con Fomento', asegura Beatriz Lobón, coordinadora de Urbanismo del Consistorio.
Infraestructuras
Sin embargo, estas mismas fuentes sostienen que en la negociación que han llevado a cabo en los últimos meses ayuntamiento, comunidad de Madrid y Duch, representantes de ésta última afirman que con esos ingresos 'la operación no resulta rentable', por lo que en principio el desacuerdo parece estar asegurado de cara a la reunión del viernes.
Al parecer Duch alega que esas cifras no recogen todos los costes que deberá asumir para hacer frente a la operación, como son los financieros. Sin embargo, en el Consistorio la postura es firme.
Hacer realidad la prolongación de la Castellana, que supone la construcción de más de 16.000 viviendas y hasta 1,4 millones de metros cuadrados de oficinas supone, en opinión de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, tener que hacer frente a unos gastos de más de 3.500 millones de euros sólo en infraestructuras de transporte para garantizar el acceso al nuevo barrio.
Además del cierre norte de la carretera de circunvalación M-30, habría que construir una nueva línea de metro y mejorar los accesos por carretera a las principales arterias de la capital en una zona ya de por si bastante congestionada. 'Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el anterior preacuerdo que se alcanzó en 2004 entre Duch y las tres administraciones porque en él no se abordaba quién pagaría las dotaciones', recuerda Beatriz Lobón.
El equipo de Alberto Ruiz Gallardón quería sufragar con las plusvalías de esta operación urbanística el coste de los nuevos accesos de transporte, pero al no salir las cuentas con el anterior coeficiente de edificabilidad, establecido en el 0,6%, decidió elevarlo al actual 1,05%.
'Si Duch continúa sin dar su visto bueno a nuestras cifras, llevaremos el borrador de convenio a una reunión posterior del Consejo Rector del proyecto que queremos celebrar antes de que finalice marzo y allí se votará ese texto', aseguran desde el Consistorio. Si tampoco en esa ocasión hubiese acuerdo, ayuntamiento y comunidad aseguran que habrá que dar por finalizado el proyecto y replantear otro completamente nuevo. 'Reconocemos que la ciudad necesita esa operación, que es maravillosa, pero no podemos asumir que paguen todos los madrileños con sus impuestos las infraestructuras del nuevo desarrollo', insisten estas fuentes.
La Comunidad de Madrid reclama también 100 millones de euros adicionales a Duch que servirían para financiar otro tipo de dotaciones necesarias para la operación como son colegios o centros de salud.
'Sería la primera vez que se logra obtener equipamientos de ese tipo con cargo a las plusvalías de una operación urbanística de esta envergadura, pero si el acuerdo dependiera en última estancia de esa cantidad, sin duda, la asumiríamos', señala la coordinadora de Urbanismo.
Entretanto, Fomento prefiere mantenerse al margen, sobre todo porque si finalmente la operación ve la luz tiene garantizados 1.200 millones que prevé emplear en la mejora de las infraestructuras ferroviarias de la zona.
El ayuntamiento reclama 3.500 millones para infraestructuras
La guerra de cifras enreda una negociación contrarreloj
Las plusvalías que generará la mayor operación urbanística de Europa tras 13 años de parón son el elemento que realmente frena su desbloqueo. La guerra de cifras está servida desde que Fomento intentó impulsar el proyecto en julio pasado presentando un nuevo convenio con Duch, la empresa participada por el BBVA y la constructora San José que se adjudicó la gestión de los derechos del suelo. El ministerio presentó un acuerdo con Duch por el que duplicaba las plusvalías de su parte del suelo (63%) hasta alcanzar los 1.200 millones y mejoraba las condiciones del anterior convenio. El problema es que éste nunca se hizo público íntegramente. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid insisten en que no han podido acceder a todas las cifras. Y, en paralelo, manejan otras por las que los ingresos totales son de 7.040 millones, de los que Duch se lleva 3.229 millones. Pero Fomento no refrenda el dato. Mientras, el tiempo corre en contra.
Fomento hará sus accesos ferroviarios aún sin acuerdo
Uno de los puntos de fricción entre las administraciones implicadas en la Operación Chamartín se centra en las infraestructuras que mejorarán los accesos a la zona. Y una de las posturas más enconadas es la del Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, apoyado por la Comunidad de Madrid, que quiere que los accesos por carretera y metro, entre otros, sean sufragados por las plusvalías de la operación. Cuestan 3.547 millones. Hasta ahora, el ministerio de Magdalena Álvarez se mantiene firme en que sólo acometerá con cargo a los ingresos del plan urbanístico las infraestructuras ferroviarias, como el cercanías que conectará con el aeropuerto de Barajas, dos nuevas estaciones y un túnel entre Chamartín y Atocha. Aunque no haya acuerdo, Fomento acometerá estas obras con recursos alternativos, ya que son necesarias para atender los nuevos tráficos, como consecuencia de la entrada en servicio de nuevas líneas de alta velocidad.