Zapatero recibe sugerencias para convocar las elecciones en otoño
Miembros del Gobierno y dirigentes socialistas de ámbito nacional y territorial han trasladado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la conveniencia de adelantar las elecciones generales al otoño, a la vista de las circunstancias que concurren en la recta final de la legislatura. La decisión está en el aire y depende, en gran medida, de la evolución de la lucha antiterrorista.
Ministros del área económica y dirigentes socialistas de este mismo ámbito encuentran una primera ventaja en el adelanto electoral a los meses de octubre o noviembre y así se lo han hecho saber al presidente: el Gobierno podría proceder sin problemas a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2007 y evitar de esta forma una dura negociación con los distintos grupos parlamentarios que, en cualquier caso, estaría contaminada por el clima preelectoral.
Los ministros y dirigentes socialistas que participaron en la elaboración de los Presupuestos vigentes ya atisbaron esta posibilidad y no encuentran dificultad alguna en su prórroga. 'El volumen de gasto público se adecua perfectamente al ciclo, permite margen suficiente para cumplir los objetivos macro y respeta nuestras prioridades. La prórroga presupuestaria no nos produciría ninguna incomodidad', aseguran fuentes socialistas.
Esta prórroga tendría, además, una ventaja añadida sobre el gasto ya que frenaría su tendencia al alza en un año electoral. En este sentido, no sólo pesan las demandas procedentes de los socios tradicionales del Gobierno sino las que derivan de las propias federaciones del PSOE, a las que ha costado poner de acuerdo en el reparto de inversiones. Sobre todo, cada vez que ha habido que negociar cada uno de los tres ejercicios presupuestarios a los que ha tenido que hacer frente Pedro Solbes desde que ocupa la Vicepresidencia segunda.
Estatuto catalán
Otro factor que está pesando sobre Zapatero y el entorno de La Moncloa a la hora de decidir si se adelantan o no las elecciones generales tiene que ver con las incertidumbres que se ciernen sobre el Estatuto catalán. La alta complicidad que existe de momento entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, José Montilla, está facilitando la ralentización del desarrollo estatutario sin que las costuras del Gabinete tripartito salten por los aires. La constitución de la comisión mixta bilateral, cuya reunión preside por primera vez hoy lunes el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, servirá para analizar las cuestiones relacionadas a la conflictividad competencial. 'No se pueden dar pasos categóricos en el despliegue del Estatuto hasta que el Tribunal Constitucional no aclare hasta donde se puede llegar', reconocen fuentes del Gobierno, que recuerdan que artículos fundamentales del texto han sido trasladados también a las reformas estatutarias de la comunidad valenciana, Andalucía, Aragón o Canarias.
La recusación del magistrado del Constitucional Pablo Pérez-Tremps deja en manos de la mayoría conservadora del organismo la decisión última sobre los 114 artículos que han sido recurridos por el PP. En el Gobierno se reconoce que todas las salidas son malas. Si la sentencia llega antes de las elecciones generales, el conflicto catalán volvería al primer plano de la actualidad con el consiguiente desgaste para el PSOE. Si la sentencia se retrasara, escenario probable, el desarrollo estatutario y, por extensión, el nuevo modelo territorial apadrinado por Zapatero tendría que permanecer en stand by, circunstancia que introduciría tensiones entre el PSC y Esquerra Republicana, algo que también tendría sus repercusiones en Madrid.
Preocupación en aumento
Ministros y dirigentes del PSOE reconocen que hasta que se produjo la recusación del magistrado Pérez-Tremps se creía que la situación estaba relativamente bajo control, más allá de las críticas que amplios sectores del partido comparten sobre el modelo territorial de Zapatero. Después de conocerse esta recusación y la intención del magistrado de continuar en el Tribunal, algo que impide cubrir una vacante decisiva para el futuro del Estatuto, la preocupación en el Gobierno ha ido en aumento.
Su prudencia se está imponiendo también a la hora de reflejar las competencias autonómicas en los proyectos de ley de naturaleza estatal. La Ley de Suelo o la de Defensa de la Competencia, en trámite parlamentario, son dos claros ejemplos. 'Nos da la impresión de que legislamos sobre tierras movedizas', reconoce gráficamente un veterano diputado socialista.
La actitud de ETA, la gran incógnita
En el Gobierno se admite que la situación electoral está muy abierta, como se refleja en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y en los sondeos que regularmente encarga la dirección federal del PSOE. Si bien la ruptura del proceso de paz como consecuencia del atentado de Barajas no parece haber supuesto un significativo desgaste para los socialistas, pues sólo pierden dos décimas desde octubre, se desconoce la influencia que puede tener en el electorado una hipotética ofensiva terrorista a lo largo de los próximos meses, así como dos acontecimientos que harán bastante ruido político. Uno es el futuro penitenciario del etarra De Juana Chaos y otro la concurrencia, de una u otra forma, de la izquierda aberzale a las elecciones locales de mayo.En el Gobierno y en la dirección del PSOE se hacen todo tipo de cábalas sobre las intenciones de ETA, lo que demuestra que no existe un informe preciso de los servicios de inteligencia, algo que por otra parte no supone ninguna novedad.La insistencia del PP en acentuar los posibles errores cometidos por Zapatero en la gestión del proceso de paz hacen intuir al PSOE que la campaña electoral de mayo estará muy marcada por el terrorismo, deriva contra la que están dispuestos a luchar, si el Gobierno ayuda, la mayoría de los candidatos socialistas. En estas elecciones no se prevén grandes vuelcos políticos, salvo en Canarias.