Vivienda

El alquiler garantizado aumenta la oferta de inmuebles un 40%

Las medidas que se están llevando a cabo desde el ámbito público y privado para dinamizar el mercado de alquiler parecen seguir dando frutos. El número de contratos de arrendamiento que se han realizado con el Programa de Fomento de Alquiler Garantizado (PFAG) desde su lanzamiento, en noviembre de 2006, ascendió a 18.000 hasta finales de enero, lo que representa una cifra un 44% superior a las previsiones iniciales.

'Además, el número de propietarios que acuden a las agencias inmobiliarias interesados en alquilar sus inmuebles se ha incrementado un 40% con el programa, lo que repercutirá positivamente en los precios como consecuencia de ese aumento de la oferta', explicó ayer José Juan Muñoz, secretario general del PFAG.

Esta iniciativa está avalada por las cuatro empresas impulsoras del proyecto: la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade), la empresa de servicios jurídicos Acción Legal y la compañía especializada en defensa jurídica DAS que ha articulado el seguro que garantiza el cobro de las rentas.

Otro de los efectos detectados por los responsables del programa de alquiler garantizado es la reducción de la conflictividad. 'Tenemos cifras que demuestran que está bajando de forma drástica al haber pasado de un 2% a un 0,2%', añadieron las mismas fuentes. Por comunidades autónomas, Madrid concentra el 30% de los contratos firmados, seguida de Cataluña, con el 19%, Andalucía, un 14% y Valencia, con el 12%. Otro de los factores que explica el éxito de esta iniciativa es su amplia red de comercialización, a través de 2.000 intermediarios inmobiliarios, que esperan ampliar a 7.500 este año.

Seguridad jurídica por 100 euros

'El objetivo es perder el miedo a alquilar'. æpermil;ste es uno de los lemas en los que se basa el PFAG. Por un precio medio de 100 euros anuales (ver tabla comparativa superior), propietario e inquilino se aseguran el cumplimiento íntegro de todos los contenidos incluidos en el contrato. En caso de conflicto, el propietario deberá hacer un desembolso de unos 600 euros, pero a cambio se garantiza que el proceso no se prolongará más allá de un mes, frente a los dilatados plazos de la justicia ordinaria. Los expertos reclaman la creación de juzgados específicos para arbitraje capaces de agilizar estos litigios.