Cuevas acusa de competencia desleal a las empresas públicas regionales
'Ni siquiera me atrevo a considerarlas empresas'. Con esta frase lapidaria definía ayer, José María Cuevas, presidente de la patronal CEOE, a las empresas públicas que han ido constituyéndose en los últimos años, al albor de los desarrollos estatutarios.
Cuevas aprovechó la presentación de la monografía El sector público empresarial autonómico y local, en la sede de la patronal, para cargar contra las sociedades creadas por comunidades autónomas y municipios. En su opinión, todas ellas 'degradan' el papel que tuvo el histórico Instituto Nacional de Industria (INI), 'que contribuyó a impulsar la economía'.
Las nuevas sociedades públicas, en cambio, brillan por su opacidad en la publicidad de balances y por una 'competencia desleal' respecto al sector privado. 'Mientras las privadas estamos obligadas a enseñar las tripas y hasta los calzoncillos, éstas, en cambio, mutan constantemente haciéndose difícilmente compatible con el principio de la libre competencia', advirtió. Para Cuevas las empresas territoriales deberían limitarse a la prestación de ciertos servicios, salvaguardando siempre los criterios de libre competencia.
En la monografía presentada ayer, editada bajo el patrocinio de CEOE y del Instituto de Estudios Económicos, se revelan datos como que el 85% de las empresas públicas ya pertenecen a los gobiernos locales y autonómicos.
Endeudamiento creciente
Así, en 2003 (último año del que se dispone de datos oficiales), comunidades autónomas, diputaciones y municipios aglutinaban 1.496 de las 1.761 empresas públicas, según destacó ayer el profesor Alfonso Utrilla de la Hoz, autor del estudio, quien también se refirió a la 'falta de transparencia' de los entes públicos. Lo peor de todo, según Utrilla, es el creciente endeudamiento de todas ellas.
En el tercer trimestre de 2006 las empresas regionales acumulaban ya una deuda de 7.846 millones de euros, equivalente al 15% del total del endeudamiento de los gobiernos regionales.
En la proliferación de empresas públicas de los últimos años sobresalen casos como el de Marbella. En 2003, el consistorio marbellí contaba con 22 empresas públicas más una treinta de entes con participación indirecta, sin parangón en toda España.