Bruselas pide a España que facilite a los jóvenes el acceso a la vivienda
La Comisión Europea ha solicitado hoy al Gobierno español que facilite el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes, y fomente los alquileres para reducir el riesgo de pobreza. El Ejecutivo comunitario ha alertado que, pese al fuerte crecimiento de la economía en los últimos años, no ha bajado el porcentaje de población española en riesgo de pobreza, que se situó en el 20% en 2004, frente al 16% de media en la Unión Europea.
Por su parte, el gasto social en España en porcentaje del Producto Interior Bruto (20%) continúa estando muy por debajo de la media comunitaria (27,3%). En su informe anual sobre protección social e inclusión social de 2007, que será aprobado el jueves por los ministros de Empleo de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario constata que en España "el acceso a la primera vivienda propia no es fácil; a menudo sólo es posible mediante un elevado nivel de endeudamiento".
Bruselas no olvida que en España, "los jóvenes tienen dificultades a la hora de acceder a un empleo estable y a una vivienda", y que estas dificultades se reproducen también en el caso de los inmigrantes, "especialmente los recién llegados". Por todo ello, en el capítulo de recomendaciones prioritarias, la Comisión Europea reclama al Gobierno "promover una vivienda asequible mediante una política de vivienda pública y de alquiler a largo plazo".
Críticas por partida doble
También se alude al tema de la vivienda en España en otro documento que aprobarán los Veintisiete el jueves sobre los programas nacionales de reformas. En él se recomienda al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aplique las medidas previstas sobre el mercado inmobiliario para "reducir gradualmente las presiones sobre el precio de la vivienda a medio plazo".
En materia de mercado laboral, Bruselas insiste en la necesidad de que España modernice la protección a los trabajadores con legislación para fomentar la flexibilidad y la seguridad, contrarrestar la temporalidad, e incrementar el atractivo del trabajo a tiempo parcial. También aconseja continuar aplicando un nuevo modelo de formación que integre la formación profesional y la continua para dar una mejor respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
Convocadas concentraciones el sábado 24
Pero las críticas a la actual situación de la vivienda en España no vienen solo desde fuera de nuestras fronteras. La Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna, junto con otras asociaciones que reclaman un cambio en la política de vivienda en España, han convocado nuevas concentraciones para este sábado 24 de febrero en decenas de ciudades españolas.
Al igual que en convocatorias precedentes, los manifestantes exigirán a la Administración Pública cambios legislativos que limiten la duración de las hipotecas, el fomento de medidas para el alquiler de viviendas, la intervención en el mercado privado o el aumento del alquiler en las políticas de Viviendas de Protección Oficial, que faciliten el acceso al mercado de la vivienda.
Manifestarse "antes de las elecciones"
Según han asegurado los organizadores, "las elecciones municipales están muy cerca y por eso, ahora más que nunca es necesario manifestarse". "Frente a declaraciones electoralistas debe primar la auténtica voz de quienes están sufriendo el problema de la vivienda en España", ha declarado un portavoz de la Asamblea.
Según denuncia la Plataforma por una Vivienda Digna, otra de los grandes colectivos que respaldan este tipo de protestas, el precio de la vivienda en España se incrementó en más del 250% entre 1987 y 2005. En su página web, la organización constata además, que existen 3.091.596 inmuebles desocupados en todo el país, tal y como recogió el último Censo de Población y Viviendas en el año 2001. En opinión de este colectivo, "residir en una vivienda digna es una necesidad básica, un derecho fundamental que tiene que ser reconocido para todos" y, como tal, necesita de una legislación que lo desarrolle. La Plataforma pone como ejemplo el caso de Escocia que "lo aplica de manera progresiva desde 1987. En 2012 llegará a ser un verdadero derecho exigible", concluyen.
Las manifestaciones tendrán lugar en la Puerta del Sol de Madrid, en la Plaza de Cataluña de Barcelona y en Plaza de Aragón de Zaragoza, además de en otros puntos céntricos de numerosas ciudades de todo el país.