Las comunidades verán reforzadas las facultades urbanísticas
Las comunidades autónomas podrán modificar los planes generales de urbanismo para tener la última palabra a la hora de autorizar en sus municipios desarrollos que supongan aumentos de población inferiores al 20%. El Grupo Socialista ha pactado con sus socios parlamentarios una enmienda transaccional destinada a limitar la capacidad de los ayuntamientos para aprobar operaciones en este ámbito que causen 'alarma social'.
Al Grupo Socialista no le fue posible durante el trámite de ponencia introducir en el proyecto de Ley de Suelo la enmienda que obliga a modificar el plan general de urbanismo de una comunidad cuando una actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años en el municipio, un incremento superior al 20% de la población o un aumento de la superficie de suelo urbanizado del mismo porcentaje. Sus socios parlamentarios, especialmente Esquerra Republicana, se opusieron a bendecir una enmienda que seguía dejando un alto margen a los ayuntamientos para aprobar operaciones por debajo de estos porcentajes eludiendo la revisión de los planes de urbanismo y, por tanto, el control de las comunidades autónomas.
Mediante una enmienda transaccional que se introducirá el miércoles en el proyecto de ley, se dejará claro que las comunidades podrán imponer también en sus legislaciones la revisión de los planes de urbanismo si se dan determinadas condiciones y, por tanto, tendrán la última palabra en la autorización de los desarrollos, aunque éstos no supongan un aumento del 20% de población o de la superficie de suelo urbanizado. 'De lo que se trata es de dar a las comunidades mayor capacidad para instar la revisión de los planes urbanísticos y de evitar actuaciones arbitrarias por parte de los ayuntamientos', apunta el portavoz de Esquerra Republicana, Josep Andreu. En ello coincide también el ponente de CiU, Jordi Jané.
El ponente del Grupo Socialista en el proyecto de ley de Suelo, Francisco Contreras, se congratula del alto nivel de acuerdo alcanzado con el resto de las formaciones políticas, aunque es muy posible que, al final, el único que se quede descolgado sea el PP.
La negociación sobre el traslado al proyecto de ley de las medidas Anticorrupción que el Gobierno pensaba incluir en la ley de gobierno local lo está llevando personalmente el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido.
Según fuentes parlamentarias, es muy probable que se opte por no forzar el acuerdo logrado hasta ahora con el resto de los grupos y se incorpore un mero enunciado al estilo de la enmienda que defenderá CiU. En ella, los nacionalistas catalanes comprometen al Gobierno a proponer un pacto de Estado con medidas urgentes para atajar la corrupción urbanística y conseguir la desvinculación de las plusvalías generadas por las recalificaciones de suelo de las decisiones que adopten los ayuntamientos. ERC, IU, el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego están de acuerdo en incorporar a la ley de Suelo esta 'declaración de intenciones', aunque CiU todavía irá más allá en su propuesta.
Garantía de suministro de agua
En la recta final de la negociación de las enmiendas que el miércoles se introducirán en comisión en el proyecto de ley de Suelo se ha dejado notar también el pulso librado por los Ministerios de Vivienda y Medio Ambiente a la hora de imponer sus criterios en la regulación de los desarrollos urbanísticos.
La pretensión del departamento que dirige Cristina Narbona de condicionar la autorización de ciertas operaciones urbanísticas a la garantía previa sobre el suministro del agua quedará bastante edulcorada en otra de las enmiendas transaccionales que negocian los grupos parlamentarios. De esta forma, los informes de Medio Ambiente no tendrán carácter 'vinculante', sino 'determinante', matiz que, según las mismas fuentes, evitará 'que sea Medio Ambiente el que decida en realidad en exclusiva el planeamiento urbanístico'.
La ley reconocerá la singularidad de los núcleos rurales
El acuerdo alcanzado por el PSOE en la ley de Suelo con sus socios tradicionales ha alcanzado también al Bloque Nacionalista Gallego. A través de otra enmienda transaccional, el BNG ha conseguido que se reconozca en el proyecto la peculiaridad de los núcleos rurales. De esta forma, para ellos no operará la distinción tan clara que establece la norma entre suelo rústico y urbano. 'En Galicia tenemos cientos de núcleos rurales en los que si nos atenemos a la literalidad de la ley sería imposible construir', señala el portavoz del BNG Francisco Rodríguez, satisfecho con la iniciativa del Gobierno de dar a las comunidades autónomas mayor capacidad sobre el urbanismo a la hora de revisar los planes.