Posibilidad

El Gobierno prevé desbloquear la ley de gobierno local después de mayo

La precampaña electoral no facilita el acuerdo sobre la nueva Ley de Bases de Régimen Local, proyecto que el PP exige negociar junto con la reforma del actual modelo de financiación de los ayuntamientos que José María Aznar puso en pie en 2003. Por esta razón, el Gobierno decidió ayer aplazar el envío de la ley al Congreso hasta después de las elecciones de mayo, medida que contó con el respaldo de la mayoría de los partidos.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se reunió ayer con los principales grupos parlamentarios para sondear su disposición a sacar adelante la nueva ley de gobierno local. Todos ellos coincidieron en que no se dan las condiciones para ello debido al clima generado por las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Cuando se conozcan sus resultados y la presión política disminuya, el Ejecutivo volverá a intentar pactar con el PP esta ley, pues entre los dos grandes partidos gobiernan más del 80% de las corporaciones locales.

El Gobierno pretende con esta ley aumentar la capacidad normativa de los ayuntamientos y formalizar la participación de estos municipios en políticas que hasta ahora están reservadas a la administración central y a la autonómica. Entre ellas figuran las políticas de empleo, las de inmigración, vivienda, ordenación del territorio y telecomunicaciones.

Consciente de la importancia que tiene para los ayuntamientos participar en los ingresos de las comunidades autónomas, aspecto considerado por el ministro Jordi Sevilla como la auténtica asignatura pendiente del futuro modelo de financiación, el PP exige negociar la ley del gobierno local conjuntamente con la reforma de la ley de Haciendas Locales que el Gobierno de José María Aznar alumbró en 2003. 'El Gobierno se está demostrando incapaz de afrontar el nuevo reparto competencial de los ayuntamientos con la dotación de los recursos necesarios para ello. Ambas cosas tienen que ir unidas', afirma la diputada del PP Ana Torme.

El Gobierno carece de margen para compatibilizar ambas reformas, teniendo en cuenta que no ve posible sacar de la chistera en tres meses una nueva ley de financiación municipal cuando ni tan siquiera ha empezado a negociarse el nuevo modelo de financiación autonómica.

Consejo para la semana que viene

Para empezar a encauzar la negociación lo primero es oír a los consejeros de economía de las 17 comunidades y por eso el vicepresidente económico, Pedro Solbes, convocará la semana que viene el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todavía no se ha trasladado a las comunidades ni el día de la convocatoria ni su agenda, aunque el propósito del Gobierno es formalizar cuanto antes un diálogo que hasta el momento ha discurrido de manera bilateral.

En lo que sí hay ya un acuerdo mayoritario es en arropar la intención de Administraciones Públicas de trasladar la batería de medidas contra la corrupción urbanística que se habían pensado incorporar a la ley de gobierno local a la futura ley del Suelo, mediante enmiendas que serán debatidas en el Senado. La mayoría de los grupos parlamentarios ya han expresado al portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, su disposición a respaldar esta iniciativa. Sin embargo, en el PP se introducen algunos matices. 'La mejor forma de combatir la corrupción urbanística es cumplir la ley. Nosotros apoyaremos todas las medidas efectivas que ayuden en esta dirección, pero no colaboraremos en hacer brindis al sol', anticipa la diputada Ana Torme.

Esta misma parlamentaria recuerda que el Gobierno ha tenido dos años para encarar estas reformas. Pese a todo, no descarta un entendimiento después de los comicios de mayo 'siempre que se nos planteen propuestas razonables'. El acuerdo se presenta, en todo caso, difícil, aunque algunos grupos, como es el caso de CiU, sospechan que el PSOE priorizará el pacto con el PP aunque sea a costa de prescindir del acuerdo con sus socios tradicionales. Y es que los nacionalistas también ponen sus condiciones.

La Ley del Suelo, cajón de sastre

El aplazamiento del envío al Congreso de la nueva Ley de Bases de Régimen Local puede terminar convirtiendo el nuevo proyecto de ley del Suelo en una especie de cajón de sastre al calor de los casos de corrupción urbanística que se vienen conociendo en distintos puntos de la geografía nacional. La semana que viene se reunirá la comisión parlamentaria que debatirá las enmiendas parciales a la ley, aunque para incorporar las nuevas medidas anticorrupción el Gobierno prefiere esperar al trámite del Senado.