Sevilla negocia ampliar las medidas anticorrupción en la Ley del Suelo
Comprobadas las pocas posibilidades de sacar adelante la Ley de Régimen Local debido a las elecciones de mayo, el Gobierno intentará ampliar en la Ley del Suelo las medidas contra la corrupción urbanística.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se reúne hoy en el Congreso por separado con los principales grupos parlamentarios para terminar de explorar las posibilidades reales de sacar adelante la ley de Bases de Régimen Local, a pesar del estrecho margen que ofrece el calendario electoral: comicios en mayo y legislativas en marzo del año que viene. En caso de que compruebe las dificultades existentes para que prospere esta ley, como es de temer, intentará incorporar buena parte de las medidas que prevé para combatir la corrupción urbanística en la ley del Suelo que ya está en trámite parlamentario. Todos los grupos, salvo el PP, ya han adelantado su disposición favorable a que este último proyecto integre este nuevo bloque normativo.
La ley del Suelo ha sido pactada por el Grupo Socialista con Esquerra Republicana e Izquierda Unida y ahora se trata de ampliar estos apoyos al PNV, CiU y Coalición Canaria. En el PSOE se temía que la introducción de novedades en la ley pudiera distorsionar este pacto alcanzado con ERC e IU, único límite que opera para la negociación que tienen pendiente de afrontar el Gobierno. Sin embargo, ambos grupos no opondrán resistencia, por lo que el acuerdo parece viable.
Resistencia del PP
El problema, reconocen fuentes gubernamentales, reside en el PP. La negativa de este partido a bendecir una nueva ley de Bases de Régimen Local que no lleve adosada un nuevo modelo de financiación municipal puede compatibilizarse también con su negativa a respaldar el trasvase a la ley del Suelo de nuevas medidas anticorrupción. Es lo que Jordi Sevilla se plantea hoy despejar.
A través del proyecto de Ley del Suelo, el Gobierno se propone incorporar ahora un nuevo sistema de incompatibilidades para alcaldes, concejales y altos cargos municipales, así como la obligatoriedad de que se inscriban en un registro de intereses que introduzca transparencia en su labor. En el mismo bloque de medidas, el Gobierno propondrá que tengan que pasar por el debate en los plenos municipales aquellos trámites urbanísticos que impliquen la modificación de los planes de ordenación, pues es a través de la recalificación de suelo donde se dan los mayores casos de corrupción. Estas reformas tendrían que someterse, además, a un periodo obligatorio de información pública durante el que los ciudadanos puedan presentar sus alegaciones.
Durante la tramitación de la ley del Suelo en el Congreso, el PSOE introdujo ya algunas medidas para combatir la corrupción, entre ellas la obligatoriedad de que las comunidades autónomas sean las que tengan la última palabra en la aprobación de planes urbanísticos que impliquen crecimientos de población o superficie urbanizada superiores al 20%.