La CNE pospone una semana su decisión sobre las renovables
El consejo de la Comisión de la Energía ha debatido durante tres sesiones la modificación del real decreto 436 del 12 marzo de 2004 que regula las energías renovables y que supone, según el texto del Ministerio de Industria que el regulador debe dictaminar, una reducción anual del 50% de las primas energías eólicas. Una cuestión altamente polémica que no se cerró tampoco en la reunión del consejo de administración de ayer, por lo que se prevé que el dictamen final no llegue hasta el miércoles que viene.
No obstante, ayer se votó de forma previa un asunto de carácter general sobre el periodo transitorio que se aplicará a las instalaciones en funcionamiento para alinearse con las nueves primas. El real decreto, que establece una tasa de rentabilidad media (TIR) después de impuestos del 7%) prevé un periodo transitorio hasta 2011, durante el cual, se mantendrán las primas actuales, aunque con una retribución máxima y mínima (cap and floor) pero a partir de esa fecha se unificará el sistema para todas.
El núcleo central de la discusión se ha centrado, por el momento, en dicho periodo transitorio. Así, una mayoría del consejo se ha opuesto a esta retroactividad y el apoyo definitivo a la propuesta del ministerio va a estar en función del plazo transitorio de retroactividad. En cualquier caso, el sentir general se opone a la aplicación del cap and floor durante ese periodo.
La decisión final se tomará en el consejo del próximo miércoles, sobre la base de un informe técnico que el Ministerio de Industria propone 'no una retroactividad verdadera, sino impropia'. Una minoría de consejeros del Partido Popular propone eliminar toda retroactividad, otros afines al PSOE, mantenerla pero son límites de retribución y, en general, todo va a depender del plazo de dicha retroactividad.
De los 1.200 millones anuales que la tarifa eléctrica destina a subvencionar a las energías renovables, 1.000 millones van a parar a la eólica. Con su propuesta, el ministerio, que recibe fuertes presiones de los pequeños y grandes productores (como Acciona e Iberdrola), pretende equilibrar estas ayudas, compensando a otras que están discriminadas, como la biomasa.