Competencia oirá a las autonomías en operaciones de concentración empresarial
El proyecto de Ley de Defensa de la Competencia superó ayer su primer escollo en el Congreso con la retirada de la enmienda de totalidad de CiU. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se comprometió a dar audiencia a las comunidades en los procesos de control de concentraciones económicas.
La ponente socialista en este proyecto de ley, Elisenda Malaret, confía en sacarlo adelante con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Primero fue el PP en retirar su enmienda a la totalidad y ayer fue CiU. El próximo debate que habrá de superar es el de las enmiendas parciales, cuya negociación se encuentra bastante avanzada.
Para encajar todas las piezas y hacer compatible el respaldo del PP al proyecto de ley con el apoyo de los grupos nacionalistas, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se mostró ayer permeable a algunas demandas de CiU y PNV. Una de las principales guarda relación con el proceso de control de las concentraciones empresariales, en el que ambos grupos aspiran a que se oiga la voz de las comunidades autónomas. El Gobierno admitirá que éstas puedan elaborar en cada caso informes no vinculantes. En opinión de Solbes, éste es un debate más teórico que real puesto que la ley prevé que sólo se notifiquen las operaciones por importe superior a los 250 millones de euros. 'No conozco operaciones por encima de 240 millones de euros que se reduzcan a una comunidad autónoma', advirtió el vicepresidente.
La negociación sobre este particular se centrará en las aspiraciones concretas de CiU relativas a la participación de los órganos de defensa de la competencia de las comunidades en los procesos de control de estas operaciones. Afectan a las obligaciones de comunicación, a la capacidad de acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecución de concentración o a los ingresos de tasas por análisis y estudios. Todos estos puntos serán estudiados por Economía.
Solbes explicó en el Congreso que las mejoras procedimentales que introduce la ley en el control de concentraciones empresariales responden al modelo comunitario y a la intención de reducir costes económicos y burocráticos para las empresas. Entre ellas figura la delimitación de las operaciones sujetas a control, ya que se aumenta el umbral de cuota de mercado para notificar desde el 25 hasta el 30% manteniendo el actual umbral de volumen de ventas.
Frente al modelo actual, en el que todas las decisiones en el control de concentraciones corresponde al Gobierno, el proyecto prevé que pasarán a ser adoptadas por el Consejo de la Comisión Nacional de Competencia.
De esta forma, el Consejo de Ministros únicamente podrá intervenir de forma excepcional por razones de interés general cuando la futura Comisión haya resuelto prohibir o subordinar su autorización al cumplimiento de ciertos compromisos o condiciones. El Gobierno tendría que motivar en este supuesto su decisión.
Un Consejo con seis años de mandato no renovable
Al frente de la nueva Comisión Nacional de Competencia estará un consejo integrado por el presidente y los consejeros, todos ellos nombrados previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. Serán nombrados por un periodo de seis años, no renovables, entre juristas, economistas u otros profesionales de reconocido prestigio. Además, la futura Comisión tendrá unas funciones reforzadas, entre las que figuran la elaboración de informes sobre proyectos normativos que afecten a la competencia o la supervisión de la actuación del sector público.El nuevo organismo estará legitimado para impugnar los actos de las administraciones públicas de los que se deriven obstáculos a la competencia efectiva en los mercados.