Bruselas investiga si el pago del déficit de tarifa eléctrica es ayuda de Estado

La CE abrió ayer otro frente contra el mercado energético español a raíz de una denuncia de la compañía británica Centrica. Bruselas acusa ahora a España de subvencionar ilegalmente a las grandes empresas industriales que se benefician de una tarifa eléctrica muy por debajo del precio real del kilovatio en el mercado. La CE calcula que la ayuda ascendió en 2005 a 3.800 millones de euros.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, inició ayer una novedosa ofensiva contra las tarifas reguladas en el sector eléctrico. Kroes, con un método que sólo se había utilizado hasta ahora contra Italia, esgrime la legislación europea sobre ayudas de estado para intentar que España ponga fin a los precios máximos de la electricidad.

La iniciativa pone en peligro las tarifas artificialmente bajas que disfrutan más de 150 empresas en España (siderúrgicas, azulejeras, cementeras, etc.) y, en particular, las grandes consumidoras de energía como Alcoa, Arcelor y Asturiana del Zinc.

Bruselas advierte que si su investigación confirma las sospechas de ayudas de Estado las compañías afectadas podrían tener que devolver hasta 3.800 millones de euros correspondientes al último ejercicio cerrado (2005). En 2006, según los datos provisionales, las compensaciones por el déficit de tarifa rondan los 4.000 millones, aunque Bruselas no se plantea abrir otro expediente sobre ese ejercicio mientras no conozca los detalles de su financiación.

Alcoa ya ha impugnado la apertura de un expediente similar contra Italia

Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa Hidrocantábrico y Viesgo también corren riesgos con esta investigación, porque entre las ayudas cuya devolución puede exigir Bruselas figuran las compensaciones que el Estado concede a las cinco eléctricas por participar en la regulación del mercado. La CE cree que estas compañías 'han obtenido unos beneficios excesivos' gracias a este mecanismo.

Fuentes del sector eléctrico español consideran 'desproporcionada' esta acusación, aunque coinciden con la Comisión en que 'las tarifas reguladas son un disparate que no tienen sentido en una economía de mercado porque sólo contribuyen a crear problemas'.

La reacción será menos amistosa, probablemente, entre las empresas de gran consumo de energía. Para las compañías del sector siderúrgico o del aluminio, cuyos costes de producción dependen en un 50% de la factura energética, el mantenimiento de una tarifa preferencia resulta vital. Arcelor, Alcoa y Asturiana del Zinc calcularon el año pasado, según el diario El Comercio, que sin la llamada tarifa G-4 (Alta Intensidad Eléctrica), sus costes de producción aumentarían en 46,4 millones de euros.

Alcoa, de hecho, denunció en noviembre del año pasado a la CE ante el Tribunal de Justicia europeo por abrir una investigación similar contra las tarifas de electricidad que disfrutan sus plantas de aluminio en Cerdeña (Italia). La multinacional señala en la denuncia que Competencia 'no ha llevado a cabo ninguna evaluación seria sobre si esas tarifas proporcionan una ventaja competitiva'.

A pesar de ese recurso, Kroes ha decidido extender la ofensiva a España, donde Alcoa también se encuentra entre las posibles perjudicadas. Y la CE parece convencida de la fortaleza de su caso contra España porque la financiación del déficit de tarifa se hace mediante un recargo a todos los consumidores que se ingresa en una cuenta de la Comisión Nacional de la Energía. La intermediación de ese organismo estatal convierte el trasvase de fondos, según Bruselas, en una potencial ayuda pública.

La subvención ronda los 40 euros por megavatio consumido

¦bull; Todos los consumidores en España pagan la electricidad por debajo del precio de mercado como consecuencia de la regulación impuesta por el Estado.¦bull; Ese control señalan en el sector, genera el efecto perverso de que 'cuanto más se consume, menos se paga, en clara contradicción con los objetivos europeos de eficiencia y ahorro energético'.¦bull; La diferencia resulta especialmente jugosa para las empresas que se benefician de la llamada tarifa G4 o de Alta Intensidad Eléctrica. Esas compañías pagan el megavatio a unos 24 euros, mientras que el coste de generación para su volumen de consumo supera los 60 euros.¦bull; Los hogares, en contra de la percepción general, son los que pagan un precio más cercano a la realidad del mercado, porque su subvención encubierta no supera los dos euros por megavatio.¦bull; Los cálculos del sector indican que la liberalización total de precios sólo supondría un incremento del 5 o 6% para el recibo de la luz de los particulares, cuya factura media ronda ahora el euro diario, una bagatela comparado, por ejemplo, con las facturas del teléfono móvil.