La fiscalía pide 106 millones de multa a Durán
La Fiscalía del Estado ha solicitado penas que suman 10 años de prisión, multas de 55 millones e indemnizaciones de 51 para Miguel Durán, ex presidente de Telecinco y ex director de la ONCE, para que responda por delitos fiscales y de falsedad en su etapa al frente de la cadena. También acusa a Javier de la Rosa y otros seis ex socios.
La fiscal Pilar Melero presentó ayer su informe conjunto con la abogacía del Estado, en el que incluye las conclusiones definitivas en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra Miguel Durán y otros siete ex accionistas de la cadena, antiguos socios de Silvio Berlusconi (actual propietario del 50,13% de Telecinco), por presuntos delitos fiscales y falsedad cometidos cuando estaban al frente de su gestión entre 1990 y 1993.
En el escrito, al que ha tenido acceso Cinco Días, la fiscalía reduce de 14 a nueve años y 10 meses la petición de pena de prisión para el ex director de la ONCE y ex presidente de Telecinco que apuntaba en las conclusiones preliminares. Además solicita multas de hasta 55,719 millones, a las que se suman las indemnizaciones por responsabilidad civil de 51,013 millones. En total, la fiscalía pide para Durán cargas superiores a los 100 millones.
El informe señala que Durán y otros ex socios cometieron delitos fiscales y contra la Hacienda Pública, así como delitos continuados de falsedad. La fiscal y el abogado del Estado consideran responsables a Miguel Durán, Santiago Muñoz Machado, Rafael Álvarez-Buiza Diego, Ángel Medrano, Javier de la Rosa, Alfredo Messina, Giovanni Acampora y Juan Carlos López Cid.
La fiscal pide para los otros siete ex accionistas de Telecinco penas entre un año y 10 meses y nueve años y 10 meses de prisión y multas hasta 25 millones. Para De la Rosa, la pena ha disminuido desde los 5 años de cárcel y 30 millones de multa a los dos años y cuatro meses de prisión y 7,5 millones de multa más otros 7,5 de responsabilidad civil.
Según la fiscal, Telecinco será responsable civil subsidiario por 4,128 millones y Publiespaña (su filial de publicidad) por 1,43 millones. El grupo ya ha provisionado las posibles cargas derivadas.
El informe explica que, en el año en que se constituyó Telecinco, la ley prohibía que un mismo accionista de una televisión controlara más del 25%. En Telecinco, un 25% lo tomó Anaya; otro 25% el grupo italiano Fininvest (vehículo de inversión de Berlusconi); un 25% lo suscribió la ONCE, controlada por Durán a través de Divercisa; un 10% por Promociones Calle Mayor y el 15% restante, por Juan Fernández Montreal, ya fallecido. En los primeros meses de los 90, y por discrepancias entre los socios, Anaya y Fernández Montreal decidieron salir del capital y Miguel Durán se encargó de buscar comprador. Durán llegó a un acuerdo con Javier de la Rosa, a través de Tibidabo, a quien vendieron el 25% de Anaya. El restante 15% fue retenido por Divercisa (un 10%) y otro 5% transmitido a Promociones Calle Mayor.
El escrito detalla presuntas operaciones entre sociedades y accionistas en las que se 'eludieron el Impuesto de Sociedades'; se 'alteraron declaraciones oficiales; 'no se solicitó autorización administrativa', entre otros.
También señala el informe que, en octubre de 1990, De la Rosa decidió que Tibidabo abandonara la televisión. Fininvest 'no quería que la salida de Tibidabo ... pudiera servir para la entrada de un socio hostil'. Por ello 'se formalizó una ficticia opción de compra', de tal manera que Tibidabo 'mantenía su posición formal de accionista' y que 'como la operación era ilegal, porque atribuía al italiano el control de otro 25%', la operación se hizo en Suiza.
Berlusconi no encara el juicio con el resto de los imputados
El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, resolverá su implicación en este caso a través de un proceso diferente, por la inmunidad que le otorgaba ser alto cargo del estado Italiano. Berlusconi era el dueño del grupo Fininvest, que llegó a controlar ilegalmente hasta un 86% de la cadena privada.El grupo se hizo con el control de Telecinco a través de las compras de capital encubiertas a la ONCE y al financiero Javier de la Rosa y justificadas a través de sociedades interpuestas, pertenecientes al grupo Kirch, al Banco Internacional de Luxemburgo, según las conclusiones de la Fiscalía.Al dejar de ser primer ministro y perder la inmunidad, Silvio Berlusconi podría ser finalmente juzgado en España. El proceso para levantar el aforamiento sigue su curso en la Audiencia.