Asalto político a la Caja del Mediterráneo
La política hace extraños compañeros de cama. Sin embargo, cuando la semana pasada el sector del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que aún controla Eduardo Zaplana y el PSPV-PSOE anunciaban un acuerdo para la renovación de consejeros en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la sensación fue de que la precaria unidad del PP valenciano saltaba por los aires. El sector oficial, el que representa el presidente tanto del partido como de la Generalitat, Francisco Camps, se quedaba fuera de un acuerdo que pensaba tenía cerrado con los socialistas. La crisis interna se trasladaba a la caja en una demostración de libro de la politización de las cajas.
Desde que Zaplana abandonó la presidencia del PP autonómico, dejándolo en manos de Camps, a quien él mismo nombró heredero, la cohesión del partido que gobierna las principales instituciones valencianas no ha hecho más que empeorar. Las diferencias entre zaplanistas y campistas se han puesto de manifiesto y cualquier escenario ha sido válido. Camps ha logrado controlar el partido en Valencia y en Castellón, con el polémico apoyo de Carlos Fabra. Pero Alicante le sigue estando vedado. Zaplana, a través del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, mantiene la plaza pese a los intentos de la dirección del partido. La candidatura para la alcaldía de Alicante, la Diputación o incluso para los órganos internos de la formación han sido el campo de batalla. Al final le llegó el turno a la CAM.
La caja valenciana es más que una entidad financiera. Es uno de los poderes de la provincia. Controlar sus órganos va más allá de las decisiones financieras y, como lamentablemente ocurre en tantos casos, la presencia de estas entidades en proyectos impulsados desde la política, ya sea tomando participaciones en empresas o aportando la financiación, es el pan nuestro de cada día. Controlar la CAM es controlar una vía de financiación que ni Camps ni Zaplana están dispuestos a dejar en manos del otro.
La partida inicial parecía haberla ganado el campismo, que cerró un pacto global con el PSOE para las tres cajas valencianas, Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent. El consejero de Economía, Gerardo Camps, dio por concluida la batalla y parecía controlar la situación para dar un vuelco a la entidad y apartarla de la influencia de Zaplana. Los campistas, con el apoyo del PP de Murcia, querían mantener a Vicente Sala un par de años en la presidencia, mientras preparaban para la sucesión a Modesto Crespo, el nuevo presidente de la patronal provincial Coepa, al que habían aupado al cargo, situándolo en la territorial de Alicante, la vicepresidencia más apetitosa.
Pero el sector zaplanista no se quedó de brazos cruzados. La propuesta dejaba fuera al hombre que ellos tenían marcado para la presidencia, Armando Sala, actual vicepresidente y persona muy próxima a Zaplana. El PP de Alicante decidió explorar un pacto con el PSOE ofreciéndole la territorial de Alicante, que ocuparía Jesús Navarro, un empresario cercano a Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV-PSOE. Los socialistas vieron un doble beneficio: mejorar su posición en la entidad y meter una cuña en la grieta del PP a cinco meses de las elecciones. El día que se cerró el pacto, el PP valenciano se partió en dos. Gerardo Camps acusó a los socialistas de traicionar el acuerdo, obviando que en el pacto participa su propio partido. Al final, dos listas para renovar parte de los consejeros nombrados por la Generalitat.
El consejero aseguró que consideraba roto todo el acuerdo para las cajas valencianas. Y lo hizo horas antes de la asamblea de Bancaja, donde sólo había una lista pero cabía la posibilidad de castigar al PSOE al elegir los cargos del consejo. José Luis Olivas, presidente de Bancaja, se desmarcó de la crisis, no aceptó presiones e impuso el pacto previsto. Era uno de los ases que podía jugar el campismo para romper el acuerdo de la CAM. Perdió el envite.
La solución a la crisis ahora es compleja para el sector oficial del PP que quiere reconducir la situación con un pacto a tres bandas. Sin embargo, el zaplanismo tiene el control de la asamblea y, por tanto, podría sacar adelante su propuesta para el consejo de administración. En él, de los 20 miembros, 10 son designados por la Generalitat y los ayuntamientos a partes iguales. Siete representan a los impositores, dos a los empleados y uno a las entidades fundadoras, controlado por la Diputación de Alicante, el feudo de Zaplana. El escenario es favorable al zaplanismo que no quiere renovar a Vicente Sala ni mantener a Roberto López Abad como director general. El PSOE ha mostrado su disposición a negociar, aunque difícilmente aceptaría un acuerdo peor que el actual. Mientras, los zaplanistas se sienten ganadores en esta batalla y podrían rentabilizarla en otros campos, como la elaboración de las listas electorales.
Sea cual sea el desenlace, la huella de politización de la entidad que dejan estos incidentes afecta a la imagen de la CAM, que tendrá una tarea ardua para borrar esa impronta que empaña la gestión económica de la caja por buena que sea.