La ley de Calidad del Aire condicionará a comunidades y ayuntamientos en las decisiones urbanísticas
El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que obliga a las comunidades autónomas a enviar de forma periódica a Medio Ambiente datos sobre la contaminación atmosférica. De esta manera, los ayuntamientos y las comunidades autónomas estarán condicionados por esta ley a la hora de tomar decisiones en materia de urbanismo.
El nuevo proyecto busca reforzar la capacidad de acción para afrontar los problemas de la contaminación del aire, en particular en medios urbanos de más de 250.000 habitantes y que está inspirada en los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de contaminación en la fuente y de quien contamina paga.
Según ha anunciado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta Ley es necesaria por “la urgencia del problema” ?que causa cada día 16.000 muertes al año- y por “le necesidad de de modernización de una normativa que tiene ya 35 años” y que está, “evidentemente desfasada”. De la Vega se refiere a la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, que data de 1972.
De la Vega ha señalado que el Gobierno central y los autonómicos “tendrán que ponerse de acuerdo” sobre los valores límite de las emisiones contaminantes, las normas urbanísticas y las autorizaciones del uso de algunos suelos, además de realizar una zonificación o mapa de áreas especialmente protegidas.
Sanciones de hasta dos millones de euros
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha adelantado que el proyecto de ley establece un rango de sanciones que pueden llegar hasta los dos millones de euros y el cierre de las instalaciones contaminantes.
"Cada vez hay más evidencias de la incidencia sobre la salud de la contaminación atmosférica", ha señalado la ministra que ha añadido que a las 16.000 muertes prematuras se añade el efecto en los niños “con más casos de asma”.
En cuanto al tráfico, se prevén planes de movilidad generales y específicos, y se tendrá que incluir en la urbanización y los planes de ordenación del territorio la lucha contra la contaminación y, de no ser así, el ciudadano podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales.
Si se superan los niveles de contaminación atmosférica, que en toda Europa provoca 350.000 muertes prematuras al año, las comunidades y los ayuntamientos deberán elaborar planes de reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio.
Paralelamente, establece distintos instrumentos para controlar las emisiones de actividades y productos y regula procedimientos de inspección.