Madrid emitirá las primeras licencias que permiten las apuestas online

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una política pionera en toda España con la que pretende regular el juego online, un sector muy nuevo que está experimentando un gran crecimiento pero que vive en tierra de nadie, entre lo legal y lo prohibido.

Las empresas virtuales han acogido con satisfacción esta iniciativa, pero consideran que la normativa está más orientada a fomentar la apertura de tiendas físicas que al juego online, pues aseguran que resulta demasiado complejo limitar el acceso de sus servicios a los madrileños, tal y como exige la nueva ley.

“Necesitamos una legislación a nivel nacional, incluso europea, o al menos que una regulación con sentido común y que tenga en cuenta lo que significa Internet”, reclama Sacha Michaud, director general del sitio británico de apuestas Betfair, quien valora positivamente la iniciativa de Madrid, pero que no ve claro cómo puede ayudarles a regular su situación en España.

“¿Cómo voy a saber si mi cliente madrileño está intentado jugar desde Murcia? ¿Y si es un vasco que se dio de alta en Madrid y ahora juega desde allí? ¿Vamos a necesitar 17 licencias para cada comunidad?”, se pregunta Michaud.

Hasta ahora las empresas como Betandwin, Expekt, Betfair o Unibet se han amparado en la legislación europea que asegura la libre circulación de bienes y servicios entre los países de la UE para empezar a operar en España, donde las apuestas deportivas son un monopolio del Estado, y donde además el juego en Internet está prohibido.

Su estratagema consiste en ubicar su sede en países como Austria, Gran Bretaña, Malta o zonas como Gibraltar donde esta actividad es legal, y desde allí, ofrecen sus servicios al resto de Europa.

Estas compañías se esfuerzan por dar una imagen de transparencia, muchas de ellas cotizan en Bolsa, pero este vacío legislativo no les ayuda. Por eso, el sector decidió hace un año organizarse para presionar y pedir una regulación que diese luz verde a su actividad. De esta iniciativa surgió la Asociación Española de Apostadores Deportivos por Internet (Aedapi) con el fin de influenciar en las distintas autoridades e intentar borrar cualquier sospechosa sobre sus negocios.

Plazo abierto

Madrid ha sido la primera en hacer realidad los deseos de conceder licencias, las cuales se pueden solicitar desde el pasado día 13 de enero. Los permisos están orientados a sitios web y a quienes deseen abrir una casa de apuestas física al estilo de las que existen en Inglaterra.

La noticia ha sido recibida con mucha satisfacción por Aedegi, quien considera que se trata de una legislación muy avanzada ya que no limita el número de licencias como sucedía en otras iniciativas de regulación como la del País Vasco. “Es un decreto liberal, abierto a cualquier empresa que cumpla los requisitos”,explica con satisfacción Juan Pablo Barrachina, director de Unibet en España, y presidente de la Aedapi.

Pero esta felicidad inicial no parece que se vaya a traducir en un aluvión de solicitudes de los sitios de apuestas online. “Estamos analizando la situación”, afirma Barrachina, quien cree que este normativa resulta más estimulante para las empresas de los recreativos físicos de toda la vida, como Cirsa o Codere , que se han aliado con las británicas Ladbrokers y William Hill respectivamente para abrir comercios físicos donde se admiten apuestas de lo más variadas relacionados con acontecimientos deportivos, pero también con Gran Hermano u Operación Triunfo.

Limitar el juego a los madrileños

El problema para los virtuales está en una de las condiciones de esta normativa, que exige que los sitios web cuenten con “un sistema informático homologado por la Comunidad” capaz de localizar desde donde se está realizando la apuesta, pues no puede participar nadie que se encuentre fuera de la Comunidad de Madrid.

Esta limitación resulta compleja de resolver puesto que las comprobaciones deberían hacerse en tiempo real y supondría que los sitios web tuviesen que tener servidores en cada región. “Esto impensable para un negocio virtual donde los márgenes son muy pequeños y se busca tener unos costes mínimos que nos permitan ser rentables”, explica el director de Betfair.

Esta medida complica demasiado la operativa de un sector, que a pesar de todo, ya está funcionando en todo el territorio nacional sin ninguna restricción. “Es decepcionante que pagues por una licencia y que sólo sirva para una comunidad. Se debería luchar porque las licencias de juego tuviesen carácter nacional si de verdad se desea que casas de apuestas online las soliciten”, reflexiona un directivo, que prefiere guardar el anonimato.

Pero la posibilidad de crear una licencia nacional resulta difícil pues el juego es una competencia transferida a cada una de las comunidades y muy ligada a las responsabilidades fiscales. Por ahora, sólo el País Vasco, Cataluña, Aragón, además de Madrid, han intentado poner un poco de orden en este asunto, pero sin ningún resultado puesto que ninguna de las normativas propuestas se ha traducido en licencias hasta el momento.

En cualquier caso, todos los implicados consideran que el hecho de que Madrid se lance a otorgar licencias de juego es un gran avance. “Es muy positivo. Esperamos que le sigan el resto de las comunidades. Sin duda el juego por Internet va a salir beneficiado con todo esto”, concluye Barrachena.

¿Y los impuestos?

Una de las grandes aportaciones de la normativa de Madrid a la transparencia del sector del juego en Internet es que incluye una obligación fiscal, del 10%, que se aplicará a la diferencia entre el total de las cantidades facturadas y el importe de los premios.

Las casas apuestas virtuales suelen declarar sus impuestos en paraísos fiscales, lo que desde luego, les otorga cierta ventaja sobre las salas recreativas, los bingos o demás actores tradicionales del juego, que se vienen quejando desde hace tiempo de que las puntocom suponen una competencia desleal.

La licencia, que tiene cinco años de validez, además pide otras garantías económicas para evitar que se den otro tipo de fraudes. Así, la ley exige no tener deudas tributarias y contar con una fianza de 6 o 12 millones, si no cuentan con un seguro por valor de 10 millones de euros.

Estas medidas hacen pensar que van a ser muy escasos los sitios web que se decidan a solicitar una licencia.