Las regiones del PP llevarán una larga lista de demandas al margen del guión oficial
Que la celebración de la Conferencia no es del agrado del PP lo demuestra que las siete comunidades en donde gobiernan trasladarán hoy al Gobierno un amplio catálogo de demandas que, en algunos casos, nada tienen que ver con el orden del día ni con el contenido inicialmente previsto en esta convocatoria. El líder del PP, Mariano Rajoy, almorzó ayer en Madrid con los consejeros regionales de su partido que asistirán a la Conferencia para lograr una puesta en común que terminará desdibujando el objetivo con el que el Gobierno organizó este cónclave. En un principio se quiso limitar a las políticas de I+D+i y, posteriormente, se amplió la agenda a los problemas del agua y la inmigración.
El resultado, si nadie lo remedia, es que el encuentro se convertirá en una auténtica Torre de Babel en la que cada presidente autonómico intentará arrimar el ascua a su sardina para mayor gloria en la prensa regional. De la deficiente organización de la Conferencia y del escaso entusiasmo puesto por los asesores de comunicación del presidente del Gobierno da buena muestra el que ayer en el Palacio de La Moncloa ni siquiera se pusiera a disposición de los medios el documento resumen de los asuntos a tratar hasta las ocho de la tarde. El foco de atención está claramente desviado hacia el desafío de ETA, asunto que también intentarán sacar a colación las comunidades gobernadas por el PP con la ambición puesta en que la Conferencia se pronuncie en contra del diálogo con la banda terrorista.
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, incorporará a la agenda inicialmente prevista asuntos relacionados con la seguridad, las infraestructuras y la financiación autonómica. Camps ocupará los diez minutos que le ha reservado el protocolo para reivindicar el envío de 2.000 agentes a su comunidad, el aumento de la inversión en infraestructuras, además de la ejecución del AVE y el reconocimiento del incremento poblacional en casi un millón de personas para actualizar la financiación autonómica y garantizar la máxima calidad en la cobertura de los servicios básicos como la sanidad o la educación.
El Gobierno descarta que la Conferencia aborde un reparto de fondos para políticas de I+D+i.