La CE declara ilegal parte de las condiciones del Gobierno a Eon
La Comisión Europea declaró ayer ilegal una parte de las condiciones impuestas por el Gobierno español a la opa de Eon sobre Endesa y exigió su retirada antes del próximo 19 de enero. Bruselas entiende que España ha invadido su competencia exclusiva sobre la operación.
La anulación parcial de la decisión del Ministerio de Industria contrasta con la anulación casi total, el pasado mes de septiembre, del dictamen sobre la opa de la Comisión Nacional de la Energía.
El dilatado plazo concedido a España también revela la parsimonia con que la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, afronta ya el expediente. En septiembre, Kroes exigió la retirada inmediata del dictamen de la CNE y en un comunicado de prensa recordaba a Eon que la decisión comunitaria podía invocarse ante los tribunales nacionales.
Ahora, Bruselas concede casi un mes a España para acatar sus órdenes, a pesar de que, en teoría, tiene efectos inmediatos. Y una vez conocido que Eon no piensa recurrir las condiciones impuestas por Industria, el comunicado de la Comisión obvia la posibilidad de ir a los tribunales.
La dirección general de Competencia parece ya resignada a que los jueces comunitarios resuelvan un litigio administrativo con las autoridades españolas que ya poco impacto puede tener en la operación planteada por Eon.
Fuentes comunitarias indican que la CE ni siquiera piensa pedir ante el Tribunal de la UE la suspensión cautelar de las condiciones impuestas por España a la compañía alemana.
Y Bruselas se conformó ayer con rechazar las exigencias relativas a mantener la marca Endesa durante un periodo de cinco años; la prohibición de vender los activos extrapeninsulares de la eléctrica durante el mismo periodo; la obligación de seguir consumiendo carbón español y el compromiso de que la estrategia de la compañía alemana no pondrá en peligro la seguridad del suministro del país.
La Comisión, en cambio, acepta, al menos de momento, la decisión del Gobierno de exigir a Eon el respeto a los compromisos adquiridos por Endesa en relación con la gestión de su parque de centrales nucleares y la exigencia de que la entrada en el capital de la eléctrica que preside Manuel Pizarro respete la legislación española.