La Fiscalía del Supremo pide mayores penas por corrupción
El fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Luis López Sanz-Aranguez, reclamó ayer sanciones penales mayores para los delitos de corrupción. Además, exigió el establecimiento de un régimen más severo de incompatibilidades.
El fiscal del Supremo, que realizó estas declaraciones en el marco de la jornada organizada por la Mesa del Senado 'La corrupción: un desafío mundial', abogó por dar soluciones globales a este problema, ya que éste no es un asunto local, sino que se produce en todo el mundo.
Luis López Sanz-Aranguez apostó por condenas 'más severas' y por el fomento de la sanción penal. 'No es la panacea, pero no lo podemos olvidar. Tampoco hay que acudir a la primera al juzgado, hay mecanismos previos, pero cuando se recurre a la vía penal debe hacerse con todas las consecuencias, para lo que tiene que haber leyes adecuadas', expuso.
También se mostró partidario de instaurar un régimen de incompatibilidades para los cargos públicos que sea 'severo y exigente' y aplicable tanto en el periodo anterior al puesto como en el posterior, como una de las herramientas clave para poder combatir la corrupción.
Luis López censuró que el problema se utilice como 'arma política' y que, por ello, 'las denuncias sólo proliferen en épocas previas a las elecciones como la actual', cuando, sin embargo, los casos que se están planteando 'son de hace mucho tiempo'.
Otro de los instrumentos que recordó que puede resultar eficaz en la lucha contra la corrupción es la reglamentación de un comportamiento ético, que debe ser exigible a todos los funcionarios y cargos públicos, pero que, a su juicio, debe afectar también a las empresas, al ámbito privado.
En este sentido, reclamó una legislación más adecuada en materia urbanística, tributaria, el reforzamiento de los registros públicos y un sistema financiero más transparente.
Precisamente, sobre el papel que deben cumplir los registros públicos, el fiscal del Supremo dijo que es 'esencial' su colaboración en la prevención del blanqueo de capitales. 'Y combatiendo eficazmente el blanqueo lograríamos atajar buena parte de la corrupción', añadió.
Leyes jerárquicas
Sin dejar el capítulo legislativo, Luis López defendió la reforma del Código Penal aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros, en la medida en que puede ayudar a 'comprender y regular' conductas delictivas que no estaban recogidas hasta ahora como prácticas de corrupción.
De hecho, exigió a los responsables políticos que sean 'valientes' y reformen también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 'Necesita un cambio para reforzar los procesos de instrucción e investigación', aseguró.
Y sin dejar el ámbito de la ley, el miembro de la OLAF se mostró partidario de un sistema legal jerárquico de tal manera que las leyes locales se supediten a las estatales. 'No vale burlar la ley con una norma inferior', rechazó.
Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, reclamó la suscripción de un pacto político que aborde la problemática de la corrupción sin tapujos. Rojo lamentó que por culpa de los escándalos que han salido a la luz en los últimos meses esté calando entre la opinión pública la sensación de que 'vivimos en un mar de corrupción'.
'Sin embargo, son pocos los corruptos y no podemos dejar que cunda la sensación de lo contrario', añadió.
Rojo recalcó que el pacto político es necesario porque es un problema transversal, que afecta a todas las formaciones políticas. 'Sabemos que es una cuestión de personas que se aprovechan de estar representando a unas siglas políticas en nombre de las cuales sólo buscan el beneficio o lucro propio'. Por todo ello, exigió una respuesta más contundente de la sociedad ante los responsables de actos de corrupción, 'con el fin de evitar el descrédito de la política'.
Los ayuntamientos apuestan por la transparencia
El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Gabriel Álvarez, que participó en la jornada sobre corrupción celebrada ayer en el Senado, culpó de la situación que se ha generado a las altas plusvalías que se obtienen del urbanismo. También recordó la elevada discrecionalidad que ostentan las diferentes Administraciones en la toma de decisión sobre su crecimiento futuro y la ausencia de control que persiste sobre si dichas decisiones responden o no a criterios objetivos. La medida más efectiva, a su juicio, para atajar la corrupción sería introducir más transparencia en todas y cada una de las fases del proceso urbanístico.Aseguró que no se trata de dar publicidad a la información, sino de que a cada decisión política que se adopte en un convenio urbanístico le acompañe el impacto económico que tendrá esa medida. A su juicio, sería una iniciativa 'revolucionaria'. Así, afirmó que el electorado conocería en cada momento qué se está haciendo en su localidad y cómo se van a repartir las plusvalías generadas.También apostó por 'reforzar el poder institucional y financiero' de los ayuntamientos, por dar más responsabilidad a los cargos públicos y por potenciar los registros de intereses y los controles, tanto internos como externos. Distintas asociaciones de fiscales y magistrados que también asistieron como invitados a la jornada se mostraron preocupados por la falta de medios humanos y materiales con que tienen que desempeñar su labor.A esta vieja reclamación, el fiscal del Supremo respondió que debería haber más herramientas que permitieran detectar y controlar las actitudes sospechosas. Y una vez culminado el proceso, dijo que 'la ejecución de la responsabilidad civil es la gran asignatura pendiente'.