La patronal rechaza que la RSC compute en los contratos públicos
La CEOE considera que las empresas son las protagonistas de la responsabilidad social, que consideran una herramienta para la mejora de la competitividad. Creen, sin embargo, que ligar la RSC al ámbito de la contratación pública puede excluir a las empresas más pequeñas que no pueden asumir igual que las grandes políticas de responsabilidad.
La comisión de responsabilidad social de la CEOE acaba de ultimar el documento La empresa y la responsabilidad social, con el que pretende ofrecer una labor 'aclaratoria y a su vez práctica, de manera que pueda servir como elemento de referencia'.
El documento alerta de que en España 'en dirección opuesta a las iniciativas que surgen en el entorno europeo o internacional', han aparecido algunas propuestas 'por parte del sector público' que premian los comportamientos responsables. Se refieren por ejemplo a la incorporación de criterios de responsabilidad social corporativa (RSC) en el ámbito de la contratación pública, fomentando las adjudicaciones a empresas que apliquen la responsabilidad, o a aspectos como la promoción de sistemas obligatorios de reporte o verificación, algo que critican abiertamente.
Afirman que, aunque este tipo de propuestas se presentan formalmente como voluntarias, 'en la práctica pueden excluir automáticamente del mercado a aquellas empresas -normalmente las más pequeñas- que no pueden asumirlas'.
La CEOE opina además que muchas de las iniciativas relacionadas con la RSC se formulan desde poderes públicos y otras organizaciones 'sin realizar una llamada hacia su propia responsabilidad'. Y añade que la responsabilidad debe ser compartida por todos los agentes implicados 'y los primeros en dar ejemplo deben ser los poderes públicos'.
Destacan que la característica intrínseca de la RSC estriba en su carácter voluntario. 'La voluntariedad debe ser aceptada en su integridad: son contrarias al concepto y esencia de la responsabilidad social aquellas iniciativas públicas que imponen indirectamente determinadas actuaciones de responsabilidad social a muchas empresas, sobre todo pymes'.
Los autores del informe de la CEOE insisten en que excluir por medio de exigencias o umbrales rígidos 'y poco realistas' a algunas empresas en el ámbito de la RSC es no sólo injusto sino también contraproducente, ya que puede desincentivar nuevas iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social.
Un intento de evitar la confusión conceptual
La CEOE afirma en su documento que uno de los objetivos que pretenden alcanzar es contribuir a la clarificación de conceptos relacionados con la responsabilidad social de las empresas. Según aseguran aún se identifica únicamente con las actividades filantrópicas empresariales o se relaciona con la mera mejora en la transparencia del gobierno corporativo. También se muestran preocupados porque la RSC se inserta en ocasiones dentro del debate sobre el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente. 'Se ha pretendido incluso transformar a las empresas en sujetos pasivos del Derecho Internacional, confundiendo su responsabilidad con la responsabilidad internacional de los Estados', se quejan. Reconocen que en otros casos la responsabilidad se ha utilizado como una mera política de comunicación o de marketing.