Telecomunicaciones

La CMT prepara una resolución sobre la financiación del servicio universal

La CMT se encuentra en pleno proceso de elaboración de una resolución en la que se pronunciará sobre la financiación del servicio universal de 'telecos', ya en 2007. Comparando la legislación sobre esta prestación social en Europa se comprueba que en España se ofrece una amplia cobertura, que paga íntegramente Telefónica.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha puesto en marcha el mecanismo para elaborar una resolución sobre la financiación del servicio universal de telecomunicaciones en España. La última vez que se pronunció sobre este asunto fue en relación con el ejercicio 2002 y entonces consideró que los costes en los que incurría Telefónica como único soportador de esta prestación social no eran lo suficientemente onerosos como para articular un fondo solidario para financiarlo entre todas las operadoras presentes en el mercado.

La empresa que preside César Alierta ha venido solicitando de forma reiterada, tanto por vía administrativa como por la judicial, que la CMT se pronuncie sobre la creación del citado fondo y ha presentado año a año, como es preceptivo, su valoración del coste neto en el que incurre por este concepto.

Según sus cálculos, desde 1988 hasta 2005, sufragar en solitario el servicio universal ha costado a Telefónica cerca de 2.000 millones de euros.

Fuentes de la CMT han explicado que el organismo arbitral emitirá una resolución sobre la financiación de esta prestación social de 'telecos' en 2007. Indica que uno de los escollos principales encontrados hasta la fecha es la falta de una respuesta completa que Telefónica les da cuando reclaman una estimación sobre los beneficios intangibles que le reporta ser el titular del servicio universal.

Un análisis comparativo de las normativas sobre la prestación social de las telecomunicaciones en distintos países europeos muestra que España es uno de los Estados en los que la cobertura es más amplia y en los que el operador tradicional ha de soportar una mayor carga para financiarlo.

En primer término se percibe que, a diferencia del tratamiento de otros servicios públicos básicos como el agua o la electricidad, en el de las 'telecos' la totalidad del coste de su prestación recae en las arcas del operador designado.

La directiva del servicio universal de la UE define las prestaciones que pueden incluirse en este concepto. Ningún país las ha ampliado, salvo España. En 2002 el Gobierno de Madrid incorporó el acceso funcional a Internet como servicio esencial al que tiene derecho todo español.

Algunos países han fijado un límite económico a partir del cual se establece que no existe obligación de prestar el servicio de acceso al amparo de servicio universal.

El Reino Unido pone un tope a partir del cual el cliente debe hacerse cargo de diferencial entre el coste medio de instalación aprobado por su regulador (3.400 libras) y el coste real de la misma. En Austria, Francia, Italia o Luxemburgo el límite viene establecido en función de la distancia del hogar a a la red local existente y tiene en cuenta si se trata de primera o segunda residencia. La normativa española ha definido el concepto de razonabilidad de las solicitudes de forma amplia, y exige que sean atendidas en un plazo máximo de 60 días y a un precio de 59,50 euros, al margen del coste real.

En el capítulo de ayudas tarifarias a los clientes más pobres, Dinamarca o Finlandia no han fijado precios sociales, en Alemania se ofrecen con carácter voluntario, mientras que en Austria, Italia, Francia y España tienen carácter obligatorio. Nuestro país es el que ofrece una mayor rebaja en la cuota de abono (hasta el 95%) a los usuarios más desfavorecidos.

En Bélgica todos los operadores móviles y fijos tienen la obligación de ofrecer tarifas sociales, que son un 70% de la cuota habitual de conexión, 8,4 euros en la cuota de abono y 6,2 euros para el tráfico cada dos meses. En Francia, al operador se le exige que ofrezca tarifas especiales a usuarios de rentas bajas. En caso de impago, el moroso podrá seguir recibiendo llamadas y realizarlas a números gratuitos y de emergencias durante un año.

Varios países europeos han articulado un fondo solidario

La financiación del servicio universal de telecos contempla la creación de un fondo solidario entre los agentes del mercado, que sólo en algunos países se ha articulado como es el caso de Francia o Italia. En Austria se ha llegado a un acuerdo por el que también se procedía a un reparto del coste neto acumulado. Tanto en España como en el Reino Unido, si bien el regulador nacional ha aceptado que se ha incurrido en un coste neto por la provisión del Servicio Universal, hasta el momento no se ha procedido a dotar el fondo para financiarlo.

En Alemania no existe prestador del servicio universal y la ley establece que se impondrá obligación de proveerlo sólo en caso de que el mercado no esté funcionando adecuadamente. DT lo presta hoy de forma voluntaria.