Los Veinticinco, divididos ante la rebaja del precio de la telefonía móvil en el extranjero

Los ministros de la Unión Europea responsables de Telecomunicaciones no han conseguido ponerse de acuerdo acerca de la regulación a fijar para conseguir rebajar los precios del uso del móvil en el extranjero o 'roaming'. El objetivo es recortar en un 70% el precio de este servicio. Los operadores españoles podrían ser los más perjudicados por esta norma porque son los que más se benefician del servicio, debido al gran número de turistas extranjeros que visitan España.

A pesar de que todos los países coinciden en la necesidad de tomar medidas para lograr rebajar el precio de estos servicios, los responsables del sector no han conseguido llegar a un acuerdo, durante el Consejo de Ministros celebrado hoy, sobre si basta con limitar los precios en el mercado mayorista (lo que las compañías de distintos países se cobran entre sí por acceder a sus redes) o hace falta también fijar topes en las tarifas que pagan los usuarios.

Durante la reunión en que se debatió el asunto, España volvió a defender que la regulación se aplique tanto a los precios mayoristas como minoristas de manera simultánea, fijando un nivel de precios para cada uno y sin distinguir entre tipos de llamadas (recibidas, y efectuadas al país de origen, al visitado y a otro país, como propone la Comisión).

A pesar de la división entre los miembros de la UE, tanto la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, como la delegación alemana, cuyo país ocupará la presidencia de turno de la UE a partir del 1 de enero, mostraron su confianza en que sea posible sacar adelante la nueva regulación durante el primer semestre de 2007.

La propuesta de la Comisión

La propuesta de la Comisión Europea aboga por establecer un tope para los precios mayoristas y, si en el plazo de seis meses las compañías no trasladan la rebaja a los usuarios, hacer lo mismo de manera automática en el segmento minorista.

Francia y Alemania presentaron hoy una propuesta alternativa a la de la Comisión, que obtuvo el respaldo expreso de casi una decena de países (Portugal, República Checa, Suecia, Rumanía, Hungría, Bélgica, Letonia y Austria), por la que se fijaría un único tope tarifario en el sector mayorista, calculado a partir de los precios medios que se cobran las operadoras entre sí.

Estos países proponen, además, introducir una cláusula denominada "amanecer", por la que sólo se establecería un tope de precios en el mercado minorista a las compañías que, seis meses después de que entre en vigor la regulación en el sector mayorista, no hayan reducido sus precios medios.

Asimismo, la iniciativa franco-británica recoge una idea de Alemania para establecer una "tarifa de salvaguarda" que garantice a los consumidores que no deseen escoger entre las distintas ofertas que no se les cobrará más de un tope determinado por sus llamadas recibidas y efectuadas en el extranjero.

España, partidaria de los precios medios

España es partidaria de establecer precios medios, para permitir a las compañías ofrecer tarifas tanto por encima como por debajo de esos niveles, y también acepta, como alternativa en el mercado minorista, la tarifa de "protección" del consumidor que proponen Francia y Reino Unido, según han explicado fuentes diplomáticas.

Pero, según las mismas fuentes, en ningún caso es favorable a la citada "cláusula amanecer", pues considera esencial que los límites tarifarios se apliquen de manera simultánea en el sector mayorista y minorista.

También la comisaria Reding se declaró en contra de esa "buena mala idea", que obligaría a hacer cálculos muy complicados y casi haría necesario "crear una oficina estadística sólo para los precios en itinerancia". En opinión de la comisaria, los países que apuestan por condicionar de esa manera la aplicación de medidas en el sector minorista pretenden, en realidad, aplazar la entrada en vigor de la regulación de precios.

Topes para los SMS

Por otra parte, algunos países, como Irlanda y Polonia, solicitaron que los topes tarifarios se apliquen también a los mensajes de texto y a la transmisión de datos -servicios que la Comisión excluyó de su propuesta- y otros, como Malta, que se tenga en cuenta la situación específica de las compañías de países más pequeños.