El Gobierno desconcierta al sector eléctrico
La decisión de la presidencia del Gobierno de limitar el incremento de las tarifas eléctricas para los consumidores domésticos en 2007 a la evolución del IPC ha provocado cierta sorpresa y desconcierto entre las grandes empresas del sector, que no terminan de entender la nueva posición del Ejecutivo, contradictoria con los anuncios hechos por distintos responsables gubernamentales en las últimas semanas.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó el pasado 21 de octubre, en un coloquio, que la factura eléctrica del año que viene incorporaría el crecimiento de los precios del combustible en los mercados internacionales, así como los nuevos costes contemplados para garantizar la retribución del negocio de distribución eléctrica. Un mensaje que casaba con las insistentes peticiones del sector, que lamenta que el actual sistema de tarifas no refleje el coste real de la energía en un contexto en el que, por ejemplo, el precio del barril de petróleo ha pasado de los alrededor de 25 dólares hasta el entorno de los 60 dólares en dos años.
Más claras todavía eran las advertencias hechas por el nuevo ministro de Industria, Joan Clos, y su secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, que en algún momento llegaron a hablar de incrementos en la factura que serían 'dolorosos' y a los que la nueva política monclovita ha cogido con el pie cambiado, aunque no se reconozca de manera oficial.
Formalmente, el Ministerio de Industria todavía no ha puesto sobre la mesa de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos ninguna propuesta concreta de tarifas para 2007, pero el equipo de Ignasi Nieto trabajaba fundamentalmente con un escenario de subidas para los consumidores domésticos superiores a las de este año (que fueron del 5,86% en dos fases) y sobre la base de una reforma profunda de la estructura tarifaria.
Porque la reforma propugnada por Industria incluía, entre otros aspectos, una estratificación de los consumidores domésticos con tarifas diferenciadas en función de la capacidad de suministro contratada, la aprobación de un sistema de revisión de precios trimestral vinculado a la evolución de los costes de las materias primas y la puesta en marcha de un modelo para fijar ex ante un posible déficit de tarifa. Un paquete de medidas con el que Industria pretendía penalizar a los consumidores domésticos más ineficientes y con mayores niveles de consumo y con el que Clos aspiraba a poner fin, 'en tres o cuatro años', al millonario déficit del sector (provocado al no ser suficientes los ingresos regulados para satisfacer el conjunto de costes previstos en el sistema).
Ahora, la decisión del Gobierno de limitar la subida de las tarifas domésticas al IPC, lo que en la práctica es una mera actualización, obliga al Departamento de Industria a repensar la revisión estructural del modelo tarifario que había planeado y que, en algunos aspectos, dejaría de tener sentido.
Sotto voce, la única explicación que ve el sector a este cambio de postura es la proximidad de un año electoral, en el que cualquier subida de precios puede tener su correspondiente castigo en votos. Los más optimistas esperan que el Gobierno rectifique y revise al alza la factura eléctrica en julio, tras las elecciones autonómicas y municipales. Los más escépticos, sin embargo, recuerdan que, llegado al verano, lo que está a la vuelta de la esquina son una elecciones generales en las que el Gobierno de Zapatero no querrá correr ningún riesgo.
Unos y otros coinciden en que el Ejecutivo está perdiendo una oportunidad de oro para encarrilar uno de los mayores problemas que lastra el correcto funcionamiento del sistema eléctrico español (una tarifa que no refleja los costes reales), con unas subidas 'que no eran tan fuertes como para que no fueran asumibles', lejos de los incrementos maximalistas del 20% y hasta el 30% planteados por las eléctricas.
La principal consecuencia de una tarifa continuista será el engorde progresivo del déficit que acumulan las eléctricas, que en 2005 ascendió a 3.810,5 millones de euros y que este año, a 30 de septiembre, ya era de 2.559 millones. Con este panorama, las cifras que se manejan por este concepto para 2007 van desde los 4.000 hasta los 6.000 millones. Una onerosa carga que se traspasa, vía factura, a las generaciones futuras de consumidores, que supone un freno para la competitividad del sector y que desincentiva a las compañías a la hora de invertir en nuevas centrales de generación y en infraestructuras que garanticen una oferta energética suficiente.
Las eléctricas siguen defendiendo como solución de fondo a todos estos problemas la desaparición de las tarifas reguladas, salvo para los consumidores con menos recursos, y la aplicación plena del libre mercado. Como medida transitoria, y posible salida para el año que viene, apuestan por la supresión definitiva de las tarifa para los grandes consumidores y la puesta en marcha de un sistema de contratos bilaterales de compraventa de electricidad a largo plazo. Al fin y al cabo, las grandes industrias españolas (sector siderúrgico, papelero o cementero, por ejemplo) representan a día de hoy el 70% del consumo eléctrico total, frente al 20% que suponen los cerca de 20 millones de consumidores domésticos y el 10% restante de las pymes (unas 350.000).